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La intensa promoción, interesada y perversa, de reformar la Constitución, de la manera en que se ha propuesto, resulta un ingrediente de la crisis nacional. Lejanas están las publicitadas modificaciones constitucionales de ser la respuesta a los evidentes problemas que nos aquejan.

Son, sin más, una parte principal de la grave amenaza que se cierne. En esta semana que termina se registraron manifestaciones populares sustentadas en maniobras que tendrían que haber sido tipificadas ya como delitos. De una vez por todas. Se hace necesario, en esta vía, que en el Congreso de la República los diputados logren dominar su parálisis, por pánico a las persecuciones penales, y fortalezcan la normativa vigente, justo para preverla ineptitud gubernamental (que evite tragedias como los homicidios ocurridos en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción), así como controlar el oportunismo de dirigentes políticos, que sin escrúpulos sacan provecho de la creación del caos.

La investigación de la dirigencia de las ONG y asociaciones civiles, sindicatos y cualquier otra organización política que promueva los desórdenes y la anarquía, resulta urgente. Urgente es también que se persiga a quienes reciben dinero del extranjero para la manipulación de los sectores populares, en protestas que atentan contra la paz social y la economía nacional.

La desintegración estadual pasa hoy por el irrespeto al orden legal. Si hay un sector de población inconforme, un requisito para caminar o correr en vías de tránsito común, es solicitar un permiso previo. El otorgamiento de cualquier autorización debe requerir no causar molestias, daños o pérdidas a terceros. Hoy, en cambio, los dirigentes artífices del desorden, solo envían simples cartas al director de la Policía Nacional Civil, avisándole y responsabilizándole de la seguridad de los manifestantes.

Es obligación de las autoridades policíacas someterse a la Constitución y cumplir con la ley. Si tienen temor de encarar insurrectos, y este recelo les lleva a la inacción, parecida a la contemplativa actitud observada en los diputados, no sirven para el cargo y tendrían que irse a sus casas.

Un gobierno de miedosos e incapaces lleva a un país a la ruina. Las víctimas de la obstrucción de carreteras, los bloqueos de calzadas, avenidas y calles se cuentan por cientos de miles.

Guatemaltecos trabajadores, pacíficos y honrados. La movilización de masas, por otra parte, requiere de grandes cantidades de dinero, que nadie dice de dónde salen y que exponen ánimos conspirativos.

Se ha hecho regla común en el país, el aprovechamiento de unos sobre otros, y la armonía social y la convivencia están en entredicho. Ayer mismo se expresaron lágrimas y lamentos por la muerte en un incendio de 35 jóvenes en un inmueble con llave. Tragedia cantada y provocada por la indolencia, negligencia y estupidez ¿De qué sirven las quejas, críticas y llanto ahora?

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