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Es grave el asunto. Algo tenemos que hacer para combatir estos abusos: aunque sea denunciarlos una y mil veces. Es una de las reflexiones que me inspiró la columna de Mauricio Botero Caicedo titulada La presunción de inocencia (El Espectador. com.04.03.17), de la cual transcribo algunos pasajes, esperanzado en que algunos recojan el guante.  “La presunción de inocencia –dice- constituye uno de los pilares bilustración Gabriel Orellanaásicos del sistema penal de una democracia. Demasiados periodistas y buena parte de los medios en Colombia (al igual que ocurre en Guatemala), abusando de la libertad de informar, sistemáticamente violan el derecho a la presunción de inocencia, derecho que corresponde a todo imputado en un proceso penal a ser tratado como si fuese inocente hasta que una sentencia en firme lo declare culpable. En días pasados muchos medios, algunos guiados por tinterillos de cuarta categoría, se han ido lanza en ristre contra la jueza 11 de conocimiento, […] autora del fallo que absolvió […] en el caso de la muerte del joven universitario […], ocurrida en octubre del 2010. Para la jueza, que no cedió ante la virulencia y presión mediática, la Fiscalía no logró demostrar la responsabilidad […] en coautoría impropia de homicidio y falso testimonio ni la de […]  encubrimiento de homicidio.

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En reciente tuit el académico Moisés Wassermann resume magistralmente el dilema: “Quienes protestan por la absolución […] recuerden que se debe demostrar la culpabilidad, no la inocencia”. En la ley penal colombiana [igual que ocurre en Guatemala], por más que los medios crean, no existe la inversión de la “carga de la prueba”. La irresponsabilidad y la saña no son exclusivas de los medios. En artículo no muy lejano (El Espectador, 16/12/16), Héctor Abad Faciolince pone en evidencia cómo las redes sociales también violan de manera sistemática la presunción de inocencia: “Hay en Colombia una extraña lógica dictada por el odio y no por los silogismos. Esa lógica, cegada por el rencor, se nutre también del chisme, las mentiras y las conclusiones delirantes. Con el caso del horrible asesinato de la niña Yuliana Samboní, en las redes sociales se ha estado aplicando la siguiente argumentación salvaje: […] Rafael Uribe Noguera (el sindicado del crimen) tiene un hermano, Francisco, que trabajaba en Brigard & Urrutia; uno de los Urrutia de esta firma fue embajador de Colombia en Estados Unidos durante el gobierno Santos.

Dadas estas premisas, la conclusión ‘natural’ es que el Gobierno está implicado en la violación y el asesinato de Yuliana. Brillante. Como esta inferencia saca de quicio, también en las redes sociales, a los defensores del Gobierno, la argumentación deductiva con la que contestan algunos santistas no está menos cargada de odio y de locura que el silogismo anterior. Y es esta: el primer apellido del asesino de la niña es Uribe, como el del expresidente; el segundo es Noguera, como el del exdirector del DAS. Por lo tanto, es lógico que los señores de apellidos Uribe y Noguera tienen algo que ver con el crimen. Ante este nivel argumentativo, ¿qué puede hacer uno fuera de jalarse el pelo o morderse los codos?”.

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