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Poder constituyente originario

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Se denomina poder constituyente originario al que se integra por voluntad popular para decretar una Constitución que organice fundacionalmente al Estado, pero que por sobre cualquier otro fin, fije un límite al ejercicio del poder de gobierno. Es esencialmente republicano por cuanto es la consecuencia de que seres humanos libres, no sometidos a vasallaje alguno, decidan crear un marco jurídico de plenas garantías a sus derechos fundamentales.

La adjetivación de poder constituyente -originario o derivado-, fue posterior a su aparición en las primeras constituciones republicanas que registra la historia; esto es, en las 13 colonias fundadoras de los Estados Unidos de América, que habían decretado sus constituciones una a una a partir de 1776. La primera, la de New Hampshire, el 5 de enero de ese año, y la federal que se decretó en 1787. Precisamente, un año después, en Francia, el abate Emmanuel Sieyes en su libro ¿Qué es el Tercer Estado? publicado en 1788, introdujo la doctrina del poder constituyente.

Esta concepción, por cierto, es vista como derecho natural por el doctrinario checo inventor del Tribunal Constitucional, Hans Kelsen en su primera Teoría General del Estado. Ahora bien, no es como afirma Pedro de Vega García, siguiendo al propio abate Sieyes, que el Poder Constituyente posea un poder absoluto. Esa aseveración es una deformación seguramente consecuencia del pensamiento monárquico, tan acostumbrado al autoritarismo del soberano y al sometimiento popular a los designios del poder del rey.

El Poder Constituyente, que representa a seres humanos libres y es ahí donde sustenta su legitimidad, es configurado para fijar, como lo hicieron tempranamente antes de desembarcar los peregrinos del barco Mayflower, en 1620, un límite al poder de los gobiernos y gobernantes futuros. Que es la base de la República, con su consabida separación de poderes, períodos limitados de ejercicio de la función pública y plenas garantías de respeto de la dignidad humana que ninguna costumbre ancestral puede vulnerar.

Una reforma constitucional, por otro lado, es posible como función del Poder Constituyente derivado, y está sometida de principio a fin a los dictados constitucionales originales. De ahí que una reforma constitucional pueda ser inconstitucional, o sea ilegítima sino está sometida rigurosamente a la Constitución. El Título VII de la Constitución Política de la República de Guatemala regula las reformas constitucionales en los artículos del 277 al 281.

Ahí se establece quiénes tienen iniciativa, circunscribiéndola al Presidente de la República, a 10 o más diputados, a la Corte de Constitucionalidad y al pueblo mediante petición de al menos cinco mil ciudadanos empadronados. Hay solo dos tipos de reforma: la que requiere la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (para reformar determinados artículos) y la que es permitida al Congreso con el necesario refrendo de una Consulta Popular.

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