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A través de la Corte de Constitucionalidad, Guatemala parece empeñada en destrozar el hasta antes muy precario Estado Constitucional. Una de las consecuencias concretas de sus sentencias, pulveriza la capacidad nacional de generación eléctrica, mediante la utilización de recursos hídricos. Obvio es que también contribuyen las comunidades del interior, que exigen electricidad barata, pero que no se las cobren; y que además protestan por mandato expreso de ONG’s pagadas desde el extranjero.

A este cóctel se sumó el propio gobierno que ofreció un subsidio por casi mil millones de quetzales, que deberemos pagar todos los guatemaltecos, por la vía de impuestos o del abyecto endeudamiento público. Como telón de fondo, la obcecada insistencia en modificar la Constitución con el grotesco y falaz argumento de que se combate la corrupción y se promueve la paz social. Cínica mentira que oculta cambios que son, sin más, una total aberración y que han sido planteados en una suicida combinación de destructiva ignorancia jurídica y de un delirante populismo fascista.

Efectivamente, es necesario formular cambios a la Constitución para hacerla más coherente y sistémica. Cambios del tipo de fijación jurídica de las fronteras nacionales; de la determinación del lugar del poder municipal en la división de poderes; del retorno a la preminencia de un Tribunal Superior. De la forma en elegir a magistrados de Cortes; del número de integrantes del Congreso que hoy representan, en mitad, a niños porque han sido electos por cada 80 mil “habitantes” y no por ciudadanos mayores de 18 años.

Pero también son urgentes cambios en la normativa ordinaria. Hay que retomar la tarea codificadora y terminar con la enfermiza dispersión de leyes; hay que penalizar el gasto público para que no sea mayor que la recaudación impositiva. Hay que concretar una política demográfica para detener la angustiosa creación de miseria. Pero, sobre todo, hay que empezar a conocer y cumplir la Constitución, promoviendo el establecimiento de penas severas por su irrespeto y violación.

Pero volviendo a los cambios en la Constitución, habría que enmendar modestias, como aquella que llevó a sus redactores a copiar todo lo que pudieron de la española, incluyendo la institución del Tribunal Constitucional que aquí ha sido integrado, con frecuencia, hasta por personas que no entienden la materia.

Originariamente, el tribunal constitucional fue concebido como una cámara alta legislativa negativa, que tuviera control de la constitucionalidad de las leyes. La tarea legislativa negativa se refiere no a la formulación de leyes sino, por el contrario, a la expulsión del ordenamiento vigente de aquellas normas que contrarían a la Constitución. Hay, pues, mucho trabajo para adecentar al país y mucho que modificar en búsqueda de hacer eficiente al Estado. Pero lo pendiente por realizar no pasa por aprobar las antojadizas reformas constitucionales propuestas.

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