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Proponen plan alternativo a medidas de austeridad en Puerto Rico

Puerto Rico

El gobernador de Puerto Rico presentó un plan fiscal que rechaza las medidas de austeridad pedidas por una junta supervisora y en cambio ofrece otras maneras de aumentar los ingresos y reducir los gastos en medio de la actual recesión económica. El plan entregado el miércoles incluye medidas que el territorio estadounidense estaría dispuesto a tomar en la próxima década para estabilizar su economía ante un déficit de $7 mil millones, una deuda pública de casi $70 mil millones y un enorme grupo de acreedores deseosos de recuperar su dinero.

El gobernador Ricardo Rosselló afirmó que su plan ayudará a generar ingresos por $4 mil millones y ahorrará $11 mil millones. Además estipula el pago de $1,200 millones para el 2019 para reducir la deuda. El plan contempla límites a las prestaciones del Medicaid (el programa gubernamental de asistencia médica para los pobres o discapacitados), aumentaría los impuestos a las propiedades e impondría un impuesto a las compras por Internet. Además eliminaría algunos proyectos de infraestructura y propone entregar a manos privadas ferries, puertos y estacionamientos.

Pero no acataría la sugerencia de la junta de reducir 30% los gastos de nómina y bajar 10% el sistema de pensiones para empleados públicos, que está encaminado a la quiebra para el año entrante. La junta administrativa es la que tendrá la última palabra sobre el plan, y deberá entregar su decisión para el 15 de marzo. Entre los más afectados estarían los que reciben Medicaid, que abarcan casi la mitad de los 3.4 millones de habitantes de la isla. Algunos beneficios podrían limitarse o eliminarse. Los empleados públicos que reciban pensiones superiores a los $2 mil dólares al mes podrían ahora recibir menos.

Rosselló dijo que deseaba cobrar impuestos por compras en Internet, que actualmente en Puerto Rico ascienden a unos 2 millones de dólares anuales. También trazó planes para establecer un departamento en que se podrán entregar denuncias contra personas que no pagan sus impuestos. Las tarifas para obtener licencias de manejar aumentarían 10%, y también subirían los impuestos a propietarios de viviendas a través de reevaluaciones que se harán de los inmuebles.

Además, Rosselló pidió a la junta que postergue un período de gracias sobre litigios, hasta el 31 de diciembre, a fin de permitir que se inicien negociaciones con los tenedores de bonos. El gobernador ya había aprobado leyes para permitir una semana laboral reducida para empleados públicos, y para eliminar el pago de horas extra para quienes les toque trabajar un domingo.

El economista Vicente Feliciano dijo que la mayor discrepancia entre el plan de Rosselló y el de la junta supervisora radica en el estimado de cuánto bajarán los ingresos del gobierno y en cuánto se contraerá la economía. “La junta dice que será 17% y el plan dice 2%”, expresó Feliciano. “Antes de implementar cualquier medida de austeridad, el plan supone que el gobierno cuenta con $9,300 millones”.

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