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Una reforma en peligro (II)

NUEVO

Otro argumento esgrimido por quienes están a favor de la reforma al artículo 203, para reconocer la aplicación de justicia por parte de autoridades indígenas, es que procedimientos como la conciliación, el arbitraje, los tribunales de honor de los colegios profesionales, el mismo derecho canónico, son excepciones, que ya relativizaron el mandato del artículo 203. Pero no es así. La conciliación y el arbitraje son medios alternos de resolución de disputas o controversias, que ayudan a descongestionar los tribunales y permiten dirimir conflictos en forma rápida, pero no son tribunales en sentido estricto.

Si quien acepta el arreglo en una conciliación o un laudo arbitral después no cumple, el interesado debe acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Igualmente dos personas que tenemos diferencias por algún motivo y queremos evitar un litigio judicial, podemos recurrir a una persona de absolutamente confianza para ambos, y solicitarle que no diga quién tiene la razón, asumiendo el compromiso de aceptar incondicionalmente la solución que proponga. No por eso se le va a reconocer la calidad de autoridad judicial. En cuanto a los tribunales de honor o al derecho canónico se trata de la aplicación de normas internas que no crean un fuero especial.

“El argumento principal a favor de la justicia indígena como un sistema independiente del Organismo Judicial, es que se trata de una práctica existente y ampliamente utilizada.”

Volviendo a lo señalado por la jefa del MP, sobre que el papel a desempeñar por las autoridades indígenas sería el de una especie de instancia alterna de resolución de conflictos, pues podría buscarse una solución a través de incorporarlos al Organismo Judicial como una especie de jueces de paz. Ya muchos han mencionado el papel que antes desempeñaban los alcaldes municipales, que les fue retirado a partir de la vigencia de la actual Constitución. En la época Colonial los alcaldes estaban dedicados a impartir justicia. La atención de los servicios municipales estaba a cargo de los regidores.

Esto se mantuvo durante todo el período republicano, pero ya en los años setenta los alcaldes, a través de la ANAM, demandaban que se les retirara esa función, aduciendo una pesada carga de trabajo  en una época donde muchos servían los cargos ad honórem, por los ínfimos ingresos municipales y que los mantenía con un pie en la cárcel. En ese entonces, los alcaldes de todo el país salvo en las cabeceras departamentales, tanto indígenas como ladinos, se encargaban de resolver conflictos y sancionar faltas y delitos menores. En el primer caso aplicaban el sentido común, buscando dar a cada quien lo suyo función primaria de la justicia respaldados en el respeto que todos tenían al cargo edil y su credibilidad.

La primera vez que yo entré a una municipalidad fue en San Agustín Acasaguastlán con unos ocho años de edad acompañando a mi madre quien tenía un litigio con unas primas, debido a los límites no definidos de una propiedad que habían heredado de mi bisabuela. El alcalde era mi tío don Celso Vargas, hombre que gozaba de amplio respeto. A pesar de que ambas partes eran sus parientes, resolvió con absoluta imparcialidad, como después escuché comentar a otros familiares. Nadie dudaba de lo justo de su fallo. Muchos años después, ya en vigencia la actual Constitución, presencié actividades similares en San Juan Cotzal y Santa Eulalia.

Como ya señalé en otra ocasión, el argumento principal a favor del reconocimiento de la justicia indígena como un sistema independiente del Organismo Judicial, es que se trata de una práctica existente y ampliamente utilizada. Ciertamente es un motivo, pero no puede ser la razón principal para la reforma. Existen tantas cosas en nuestra sociedad que están casi generalizadas, pero no son deseables.

Y no es deseable cuando tenemos un Estado débil, incapaz de imponer el cumplimiento de la ley en todo el país y a todos los ciudadanos.En un Estado fuerte y con una ciudadanía que reconozca el imperio de la ley, dispuesta a canalizar la inconformidad con las decisiones de cualquier tipo por los caminos que ofrece la ley y un que acepte los caminos que ofrece la ley para resolver las diferencias, y con un Estado dedicado a servir a los intereses generales por encima de los particulares, esto podría funcionar. Pero en la situación prevaleciente, sólo estaremos agravando la disfuncionalidad del Estado.

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Una reforma en peligro (I)

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