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¿Pena de Muerte, sí o no?

editorial

Dos grupos de manifestantes llamaron la atención de los paseantes dominicales el día de ayer, en la Plaza de la Constitución: Un grupo de personas portando pancartas y ataviado con playeras blancas sobre las que destacaba el mensaje: “Por el derecho a la vida, sí a la pena de muerte”, encabezado por la exdiputada Zury Ríos, mientras que otro grupo manifestaba a bordo de sus unidades de taxi, en demanda de la aplicación de la misma y paralelamente, solicitando a las autoridades el retiro de la franquicia Uber, pues a su criterio, la misma no compite con ellos en condiciones de igualdad.

Las redes sociales se han saturado de opiniones al respecto, tanto a favor como adversando la aplicación de la pena de muerte: Por una parte, quienes solicitan a las autoridades el restablecimiento de la aplicación de la pena capital basan su petición en el hecho de que las cifras de la violencia permanecen en ascenso: (Entre 14 y 16 guatemaltecos son asesinados a diario) y de acuerdo con cifras de Unicef, dos niños guatemaltecos pierden la vida diariamente, producto de la violencia y aunque cabe destacar los esfuerzos de las fuerzas de seguridad, por garantizar la seguridad de los ciudadanos, los asaltos a buses del servicio de transporte colectivo urbano, la extorsión, el sicariato permanecen vigentes en la realidad nacional, por lo que este segmento ciudadano exige frenar tal fenómeno mediante la aplicación de la pena de muerte.

Los opositores a la reactivación de la pena capital esgrimen argumentos muy distintos: De acuerdo con ellos, la aplicación de la pena de muerte no es disuasiva de la actividad criminal y la misma no debe ser aplicada pues, según indican, el ascenso en los índices de actividades delincuenciales obedece entre muchos otros factores, a la falta de educación y de oportunidades laborales, por lo tanto, la incidencia criminal se reducirá con el establecimiento de fuentes de educación y empleo. Así mismo, destacan que la pena de muerte no tiene posibilidad de ser revertida una vez ejecutada y que es obligación del estado reinsertar a la sociedad a los señalados de crímenes que en la actualidad, contemplan la pena de muerte como consecuencia de su comisión.

Simultáneamente, el día de ayer, circuló en redes sociales un comunicado firmado a fecha 26 de febrero del presente año, por el “Barrio 18” dirigido al pueblo de Guatemala, en el cual hace referencia a las especulaciones existentes ante los supuestos ataques por perpetrarse, de parte de su organización criminal contra personal de servicio en el Sistema Penitenciario, Gobernación y el Ministerio Público: El “Barrio 18” negó en el manuscrito que estén fraguando algún tipo de atentado, y añade que están en la disposición de colaborar en el penal en que se encuentran (recientemente, fueron trasladados varios líderes al Centro de detención preventiva El Infiernito, ubicado en Escuintla) y que su guerra va a ser siempre contra las otras pandillas.

Mientras un segmento de la población se enfoca en las causas que motivan la violencia y otros en combatir sus efectos, resulta necesario establecer un debate serio en torno a la aplicabilidad de la pena capital a nivel del gobierno a efecto de dilucidar si su aplicación es válida o no, de conformidad con la legislación internacional en materia de DDHH de la que Guatemala es signataria, o si la misma se reactiva su aplicación, de conformidad con las normas del derecho interno.

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