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Con escasas excepciones, los actuales diputados no representan a la ciudadanía, no generan debates esclarecedores, ni tienen una peregrina idea sobre qué legislar. Si a eso se suma que un tercio está vinculado al narcotráfico según M. Taracena la mayoría no son íntegros, y carecen de sensibilidad sobre los principales problemas sociales, es previsible que no terminen su legislatura. El hartazgo de la ciudadanía sobre la clase política está llegando a límites peligrosos, exacerbado por extremos tales como haber tenido a un ministro de seguridad y a una vicepresidenta que, además de corruptos, son narcotraficantes.

A ello se suma la negativa parlamentaria de reformar a fondo el régimen de partidos y el sistema de justicia, basamento fundamental para superar la crisis político institucional actual. Si la política está dejando de ser un medio para diferir conflictos civilizadamente, y si el aparato de justicia alberga a una caterva de jueces venales, es previsible que muy pronto habrá estallidos sociales, en una sociedad abatida por la violencia, la pobreza, el hambre, la exclusión, el racismo y la carencia de futuro. La raíz de muchos de nuestros problemas es la impunidad, que fomenta el crimen, la corrupción, el enriquecimiento ilícito, la exclusión y demás males sociales.

Es una serpiente de siete cabezas que ha hecho su nido en el Congreso, pues los diputados distribuyen los fondos públicos, se reparten las obras, le dan cobertura legal a sus desmanes y enriquecen a sus financistas, sean criminales o empresarios de postín. Además, los parlamentarios eligen jueces y magistrados, y después protegen a los delincuentes que gozan de antejuicio, sean alcaldes corruptos, juzgadores venales o políticos deshonestos. Como si fuera poco, legislan a favor de empresas sin ética, y se empeñan en emitir leyes para exonerar de impuestos a ganaderos y demás pseudoempresarios que se enriquecen al alero del Estado.

Del Congreso han salido especímenes tan vergonzantes como Roxana Baldetti, Baudilio Hichos, Luis Chávez, Godofredo Rivera, Luis Rabbé, Jaime Martínez, Pedro Muhadi, Manolito Castillo y un largo etcétera, que le han hecho un daño enorme a la justicia, al erario, a la gobernabilidad democrática y, sobre todo, a la política, que es el medio por el cual los ciudadanos ejercemos el poder soberano, que nos permite definir nuestro futuro. Ellos están cerrando las vías civilizadas para ejercer el poder popular, el cual si no se expresa por la vía política lo hace por la vía violenta.

En este daño societario también tienen igual o más culpa los corruptores y los empresarios que financian ilegalmente a los partidos, para que alcaldes, ministros y diputados les asignen obras dolosamente, o emitan normas que les otorgan privilegios. Además de la ciudadanía, la cooperación internacional ve al Congreso como un cuello de botella para salir de la crisis. El embajador Robinson acaba de hacer duros señalamientos contra ese organismo, por frenar la lucha anticorrupción, y poco le faltó para señalarlos de descartables.

En 1993, en el marco de la crisis del serranazo, la Corte de Constitucionalidad estableció la ruta para una depuración legal del Congreso, mediante una opinión consultiva, estableciendo que se podía acortar el periodo de una legislatura, efectuando una Consulta Popular, al amparo del Artículo 173 constitucional. Si el Pueblo soberano la aprobaba, dijo, los diputados deberían renunciar y, lógicamente, se debería convocar a una nueva elección. Las rutas constitucional y social están trazadas y, de seguir así, este Congreso tiene los días contados.

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