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Asociación de Dignatarios de la Nación rechaza reformas

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Por: Rodrigo Arias

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Nacion rechaza reformas

I. Nimbo Lorentzen

El exconstituyente Arnoldo López Straub, se refirió  a la discusión en el Legislativo, del proyecto de reformas constitucionales al sector justicia.

¿Cuál es el propósito de la asociación que representa?

La asociación fue creada con base en el Decreto 4-86, Constitucional, que se encuentra vigente,  en el cual quedó como obligación que los constituyentes teníamos la obligación de divulgar y defender la Constitución.

Entonces, se han perdido 30 años y hasta ahora,  Junta Directiva quiere rescatar el espacio que le corresponde, porque de conformidad con el Decreto 4-86, somos terceros interesados en todo lo relativo al tema Constitucional.

 

¿Cuáles son sus principales preocupaciones al conocer este proyecto de reforma, tan discutido y que ha suscitado tanta controversia?

“Bueno.., hay mucho: o sea, todas las reformas planteadas son ilegales, principiando la forma como se plantea con la presencia del presidente de la República, el presidente del Organismo Legislativo, la fiscal general y el procurador de los Derechos Humanos,  ninguno de ellos, por sí y ante sí,  tiene legitimidad para pedir reformas constitucionales.

El único que la tendría es el presidente de la República, pero en Consejo de Ministros, cosa que no se hizo. El planteamiento de la reforma es ilegal desde el día que nace. Si bien es cierto que firmaron 54 diputados, está probado, hay cámaras, hay videos que prueban que ellos solo llegaron a firmar, donde fueron recibidas estas altas autoridades, en el Congreso de la República, pero  no se llenaron los espacios que exige la ley. Por ejemplo, la ley dice que  los diputados pueden presentar mociones para reformar la Constitución, pero ahí no hubo ese consenso pues solo firmaron sin analizar ni estudiar previamente la propuesta.

Quiere decir que el proceder de los legisladores ocasiona que alguien que no tiene iniciativa de ley ni legitimación para plantear la Reforma Constitucional, la obtenga a través de las acciones de los 54 legisladores que firmaron la propuesta.

Es más: quiere decir que no la tiene,  desde ningún punto de vista. En primer lugar el jefe de la Comisión Técnica, no es ni guatemalteco para poderse entrometer en los problemas jurídicos del país.

Más allá de las condiciones de ilegitimidad formal que reviste la reforma, ¿Qué otros aspectos negativos encuentra usted en la propuesta?

Que todos los artículos que quieren ser reformados no pueden tocarse. Iniciemos con el artículo que está causando más polémica, el 203. ¿Qué se está solicitando? Que a 22 etnias se les dé rango constitucional, que sean reconocidas y que  cada una tenga su propia forma de aplicar la ley. ¿Qué sería eso? Una anarquía de país. Usted no sabría ni dónde, ni qué está haciendo para estar amparado un derecho legal. En ninguna parte del mundo existe eso. Sería la primera vez en un país y qué triste el que sea Guatemala el que dé ese ejemplo,  de tener 23 constituciones. ¿Qué nos cuesta eso? jueces, secretarios, oficiales, comisarios, intérpretes. Y toda esa excesividad de gastos, aparte pagar alquiler de casa, teléfono,  luz, agua, papelería, computadoras. ¿Cuál va a ser el costo de todo eso? ¿Guatemala está en una situación de bonanza para poder hacer eso?, ¿O primero rescatamos los hospitales, o la educación?

Cuando se redactó la Constitución, ustedes incluyeron el reconocimiento a los pueblos indígenas y a sus formas propias de vida, en el artículo 66. ¿Cuál considera usted que es la insistencia en que se apruebe el reconocimiento a algo que está plenamente reconocido dentro de nuestro ordenamiento constitucional?

En la exposición de motivos del Código Procesal Penal, en su apartado  3.3 El jurista que hizo la exposición de motivos, el doctor César Ricardo Barrientos Pellecer, deja claro cuál es la posición de las etnias para que puedan estar amparados con la ley. Según yo, me he tomado la molestia de escuchar y ver noticias y tengo entendido que son tres los puntos medulares de ellos,  de las etnias indígenas. Se refieren a las hidroeléctricas, en primer lugar, segundo,  a las minerías y tercero a las cuestiones del agro, ríos, terrenos y todo como se ha manejado.

El día de ayer lo platicábamos con Iván Velásquez de CICIG, que eso no es tema constitucional. Es tema  de una ley ordinaria y que está reconocido en la ley. Y si lo quieren mejorar, que lo mejoren. Nosotros mismos estaríamos anuentes a apoyar una mejora consensuada que venga en beneficio de todos los guatemaltecos. Nosotros no estamos apoyando a un grupo o a otro, nosotros en este momento, después de 31 años de vida,  de la Constitución,  lo que estamos tratando es ser un balance, que se encuentren situaciones que beneficien al Estado y a los guatemaltecos, pero ya es hora que se ponga un alto a los abusos que se cometen.  Por ejemplo, hoy se tienen  bloqueos en distintos puntos carreteros.  ¿Qué sucedería si la iniciativa privada, el magisterio, los profesionales dispusieran hacer otro paro? Esto es una anarquía. Ya no es país.  La salida viable es que todos respetemos la ley y que principiemos por conocer la Constitución, ya se discuten muchas cosas sin conocer el fondo.

¿Qué efectos podría producir el reconocimiento de la jurisdicción indígena en el rango constitucional?

De lo que percibo, declaraciones, posiciones que he visto, por ejemplo, el diputado Amílcar Pop, dice que después viene la búsqueda de los derechos ancestrales. Los derechos que tienen los pueblos indígenas sobre algunos territorios.

¿Fundar la república independiente de Totonicapán? Exacto.
¿Una revolución solapada? Precisamente.
¿Sería la punta de lanza de esta revolución solapada, el asalto al Poder Judicial?

Es otro tema que podríamos tocar. La Corte Suprema de Justicia, ya no sería Corte Suprema de Justicia, sino sería Corte de Justicia, porque le quitarían la supremacía. Le quitarían parte del poder de la CSJ y esto vendría a causar una inestabilidad. No solo la Corte de Constitucionalidad tomó mucho poder; dejó a la Corte Suprema de Justicia,  un eslabón abajo, con esto. ¿Qué sucedería? Llegaríamos a un problema serio de la aplicación de la justicia. Visto cómo quieren manejar las comisiones para que lleguen los magistrados de la Suprema, las Cortes de Apelaciones, jueces de Instancia, de Paz y aún de la Corte de Constitucionalidad.

La forma cómo se quiere elegir a las 10 personas que van a conformar el Consejo de la Carrera judicial, sería un club de quienes están allí, de quienes están detentando el poder. Sería un club de la izquierda. ¿Qué legislación habría para los guatemaltecos?

¿Es oportuno decir que la ideología está abrazando la reforma? Así es.
¿Cómo se puede desideologizar la Reforma?

Creo que en este momento, esta reforma está muerta. O está muerta porque la paran. O está muerta porque lo ganamos los abogados que planteemos recursos o está muerta con el rotundo no que va a dar el pueblo de Guatemala.

¿Cuál es el sustento jurídico constitucional  del proyecto de Reforma Constitucional?

Esta Reforma la quieren globalizar, y no tiene ningún asidero jurídico en ninguna parte. Me dolió mucho oír a un analista español que actúa en uno de los canales preguntar: pero, y ¿Cuál es el problema? Hay que dejarlos, Y si funciona aquí en Guatemala, pues ya se utilizará en otros países. Si bien es cierto que Guatemala va a ser el primer país, hay que dejarlos para ver si nos funciona para poderlo implementar. Nuestro país no es un país de conejillos de indias, para que nos vengan a usar como sujetos de experimentación. Ya fuimos conejillos de indias con la inoculación de gonorrea y sífilis en tiempos del doctor Arévalo, que no nos han reconocido, ni un centavo las autoridades norteamericanas por eso, y seguimos sirviéndoles de conejillos de indias, ya basta. El país debe tener una posición firme. Le pido personalmente al presidente de la República, en cuya toma de posesión tuve el honor de estar presente,  que él juró defender la Constitución y lo que menos está haciendo es defender la Constitución de Guatemala.  Es su deber así como el de los diputados y altos  funcionarios  es defenderla en virtud de su juramento y es lo menos que se está haciendo. Se están yendo por otro lado.

¿Cómo puede la ciudadanía colaborar en el proceso de defensa de la Constitución?

En este momento hacer conciencia social, conversar con la familia, con los amigos, con el vecino de la monstruosidad jurídica que se está dando, y el día que se llegue, que no creo que se llegue al referéndum, ir a dar un rotundo no, y ojalá podamos deducir responsabilidades, pues ese referéndum nos costaría a los guatemaltecos de 300 a 400 millones de quetzales.

Nacion rechaza reformas

¿Qué le diría a las autoridades indígenas que demandan el reconocimiento a sus derechos?

Que se informen. Que estudien. Que no se dejen llevar por cantos de sirena. Y sobre todo, sabemos que está corriendo mucho dinero. Yo recibí,  solamente hoy un par de chats, donde se evidencia que tales grupos están siendo financiados. Creo que a estas alturas, nosotros ya no estamos para jugar roles políticos: la edad nos avanzó. Estamos para balancear. ¿Qué queremos? Un país unido. Una Guatemala donde en realidad nos tratemos como hermanos. Ya no más confrontación, ya no más problemas entre hermanos. Y que haya una justicia plena que las autoridades se preocupen por su divulgación y que hablen barbaridades como las que hablan sin tener el más mínimo conocimiento de lo que están hablando.

¿Qué le diría a los diputados que promueven la reforma constitucional?

Les diría que sean analíticos y críticos de lo que están haciendo. El artículo 381 del Código Penal, tiene sanciones para quien viole la Constitución, y su responsabilidad penal se prolonga durante 20 años.

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