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A quien le caiga el guante

NUEVO

A consecuencia del recién concluido proceso penal en que se acusó a una infanta, ha surgido en España un interesante debate sobre el impacto mediático en la justicia y en el estado de inocencia de las personas, al igual que ocurre en Guatemala.

Las reflexiones que sobre este asunto formula Ignacio Camacho (La postsentencia. ABC.es. 19/02/2017) revisten grande importancia para los guatemaltecos porque nos hacen tomar conciencia de un sistema anómalo que ya hemos vivido, que actualmente vivimos y que, tal parece, seguiremos viviendo… por la costumbre. 170223 ilustración a quien le caiga el guante

“Con la venia: ¿qué clase de responsabilidad jurídica tiene un juez que instruye durante siete años un sumario cuyas conclusiones resultan severísimamente revocadas por el tribunal encargado de juzgarlo? ¿Cabe colegir de ese varapalo una intención ideológicamente sesgada o prejuiciosa de la instrucción o al menos un manejo frívolo de la misma? ¿Qué clase de responsabilidad moral afecta a una infanta de España puesta en entredicho por falta de ejemplaridad, a pesar de la absolución, y multada por participar de un enriquecimiento ilícito?

¿No merecen la sociedad española y la Corona una petición de perdón y un gesto de arrepentimiento? ¿Qué clase de responsabilidad política manifiestan unos dirigentes públicos capaces de evacuar opiniones sobre una sentencia ¡¡de 741 folios!!– a los pocos minutos de producirse esta y sin haberla leído? ¿Qué clase de responsabilidad social muestran los medios que en vez de explicar el veredicto improvisaron inmediatas encuestas digitales o presenciales preguntando si les parecía justo a ciudadanos que obviamente tampoco estaban en condiciones de conocerlo?

¿Qué clase de responsabilidad penal afecta a una acusación popular desacreditada por su evidente mala fe y sospechosa de haberse personado en la causa para extorsionar a ciertos imputados? ¿Tiene algo que decir un fiscal al que el fallo desautoriza por su exagerada petición de penas, superior a las usuales en algunos delitos de homicidio? ¿Respondía esa recargada solicitud a un efecto autojustificativo o compensatorio por no haber acusado a Cristina de Borbón? ¿Cuántos españoles admitirán, después del larguísimo proceso y su escandalosa repercusión, que el caso ha derribado cualquier barrera de privilegio al encausar a miembros de la familia del Rey, y que el tribunal ha sentenciado con independencia profesional, al margen de la presión mediática y popular y conforme tan solo a la lógica del Derecho? ¿Cuántos, por el contrario, piensan hoy que la Justicia blinda a los poderosos y qué influencia tienen en ese estado de ánimo los líderes de opinión en el periodismo y la política?

¿Tiene sentido, en el actual paradigma social, hablar de justicia ejemplarizante en vez de una justicia desactivada, imparcial y blindada de interferencias, ceñida en exclusiva a los fundamentos y principios de la ley? Y por último, ¿existe alguna posibilidad, por remota que sea, de restaurar la confianza en el sistema jurisdiccional por encima de los juicios paralelos, de las imputaciones transformadas en sentencias anticipadas, del populismo con toga, y de la odiosa pena de telediario? No hay más preguntas, señoría”.

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