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Pactos colectivos deben revisarse

editorial

Los trabajadores de entidades públicas o autónomas tienen derecho a tener mejoras en sus salarios o incentivos, pero a través de los años se ha abusado de los mismos porque las autoridades de turno, que  los han firmado o acordado, no midieron que al final este dinero se paga con los impuestos del pueblo. El Código de Trabajo, en el artículo 49, expresa que Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y a las demás materias relativas a este.

El pacto colectivo tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecte. Las disposiciones de los artículos 45 a 52, inclusive, son aplicables al pacto colectivo  en lo que fueren compatibles con la naturaleza esencialmente normativa de este.

Ayer se realizó una audiencia en un juzgado laboral, a donde acudió un  representante de la Procuraduría General de la Nación (PGN), donde se hizo una presentación, básicamente, del pacto colectivo que tienen los trabajadores del Ministerio de Salud. Según la PGN  el pacto le cuesta al Estado Q2 mil 133 millones y el mismo no fue consensuado. Esta es una cantidad de dinero considerable que puede utilizarse en programas de asistencialismo para la pobreza que viven miles de personas en el país.

No nos oponemos a que los trabajadores tengan mejoras, pero esto debe ser proporcional y no desmedido, aprovechando que son  recursos del Estado. A través de los años el Estado no ha sido austero, se gastan millones de quetzales en aspectos que son beneficiosos para la población, si no se hace para justificar que se ejecutó lo programado. El sindicalismo en muchas ocasiones no ha sido bien visto en el país, porque quienes lo  conforman tienen prebendas y no responden verdaderamente a los intereses de la clase trabajadora. Habrá sin duda excepciones.

La PGN ayer solicitó ante el Juzgado Séptimo de Trabajo la nulidad absoluta de algunos artículos del pacto colectivo, que se suscribió en agosto de 2013 entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (Sntsg). Indican que este pacto se  convino  ilegalmente al haber otorgado beneficios económicos y sociales sin contar previamente con dictamen favorable de la Dirección Técnica del Presupuesto, del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin); además, por delegar funciones que de acuerdo con la ley competen exclusivamente a la autoridad nominadora (Mspas) y al presidente de la República.

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