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Como garantía para los justiciables, la Constitución dispone que los jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, solo sometidos a la Constitución y a la ley. La independencia de los jueces es el fundamento del Poder Judicial, y por tanto, se presume a todos los jueces. El modelo para el nombramiento de estos establece determinadas garantías para salvaguardar la independencia e imparcialidad de los miembros de la judicatura.

En Guatemala, la judicatura está conformada por los siguientes cargos: jueces de Paz y de Primera Instancia, así como magistrados de las cortes de Apelaciones y Suprema de Justicia. Para ser juez de Paz o de Primera Instancia, el Consejo de la Carrera Judicial abre convocatoria. Para el primer cargo, pueden postularse todos los abogados y para el segundo, solo jueces de paz.

Luego de una serie de evaluaciones, entrevistas y auditoría social, se selecciona a los mejores, quienes deben llevar un curso de preparación de aproximadamente ocho meses de duración. Los profesionales que lo aprueben, podrán ser nombrados jueces de paz o de instancia. Lo lógico sería que para los otros cargos de magistrados, el procedimiento sea análogo para mantener la Carrera Judicial, pues las decisiones que deben tomar esos funcionarios serán de mayor relevancia y requieren mayores capacidades. Sin embargo, el nombramiento se convierte en político, pues para ser elegido debe tener vínculos con agrupaciones gremiales y políticas.

Para elegir magistrados, las comisiones de postulación elaboran la nómina de candidatos, y finalmente el Congreso de la República los elige. En el sistema actual de elección de magistrados, no importa la Carrera Judicial o méritos, ni hay necesidad de cursar una preparación, a pesar que la mayoría no tiene experiencia judicial; solo sirven los contactos políticos.

Ese proceso político, produce una gran sombra en la imagen de la justicia, en la medida que se entiende, afecta la imparcialidad e independencia que todo juzgador debe poseer. Por esta causa el sistema ha recibido múltiples críticas, especialmente a raíz del 2014, cuando la exmagistrada Claudia Escobar denunció al entonces diputado Gudy Rivera, quien le habría garantizado su reelección a cambio de fallar a favor de Roxana Baldetti.

En la propuesta de reformas a la Constitución, figura la modificación del modelo de elección de magistrados, para dejar fuera a las comisiones de postulación, y con ello evitar que grupos de interés intervengan apoyando a uno u otro candidato, pues ese sistema solo denota falta de independencia judicial.

Es necesario que Guatemala tenga una elección democrática de magistrados que deje fuera toda influencia política y se base en méritos, idoneidad, capacidad y probidad, que impida al magistrado actuar en el futuro como mero servidor de su principal postulante, y nos permita superar ese lugar 107 entre 148 países con falta de independencia judicial.

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