El Siglo

El estado de anarquía aniquilante

Tan solo ayer expusimos la febril sucesión de violaciones legales que se han producido en las últimas semanas en tribunales y Cortes y en otros ámbitos de la administración pública. Mucho de esto incluido como parte del impulso de las reformas constitucionales, a cuyos promotores les interesa exponer “la crisis del sector justicia”, que ellos mismos han patrocinado.

Más tardamos en escribir esto de la agudización del irrespeto constitucional, que incrementa la fragilidad del orden legal, que se agregaran más casos a la lista de atrocidades contra la convivencia común que se cometen. En efecto, se suma ahora el inicio de las operaciones de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) cuyo contrato con la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) fue un escándalo de corrupción, que ameritó una intervención ordenada por la Presidencia de la República, (resulta absurdo que el Gobierno se intervenga a sí mismo, pero que puede esperarse en el reino de la estulticia).

Oficialmente se afirmó que el negocio era producto de la corrupción y el propio Ministerio Público (MP) solicitó al juez de Extinción de Dominio la intervención y secuestro de bienes y acciones de la empresa portuaria. La Contraloría General de Cuentas dictaminó que debía declararse nulo. El Código Civil fue la base esencial del contrato de usufructo oneroso.

Ciertamente, dos de sus normas resultan atingentes: el artículo 1302, que dice: “La nulidad puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta. Puede también ser alegada por los que tengan interés o por el Ministerio Público.” Y el siguiente, el artículo 1303 que prescribe: “El negocio jurídico es anulable: (…), 2°. Por vicios del consentimiento.”

Un negocio jurídico en el que medió un soborno, como se escandalizó hace meses, expone un vicio de consentimiento, por cuanto no se trató de la voluntad sana del Estado, a través dela Empresa Portuaria Quetzal, ya que fue suscrito por el interés de una multimillonaria “mordida”. Se dice, en estos casos, que la voluntad estuvo viciada lo que hace anulable el negocio jurídico, sin menoscabo de acciones penales contra los contratantes.

Lo peor es que se está volviendo costumbre la inmoralidad permanente y las monstruosas violaciones a la ley. Si un contrato está colmado de vicios es anulable y si no se anula, se comete una segunda irregularidad. Es jurídicamente imposible el funcionamiento de una terminal de contenedores, en estas circunstancias.

La prórroga del contrato para la impresión de Documentos Personales de Identificación (DPI) entre el Renap y la empresa Easy Marketing, es un segundo caso, que demuestra que aquí cualquiera con poder, hace lo que quiere. El estado de anarquía reinante en nuestro país recuerda a Kant, en “La Paz Perpetua”. Dijo que, hasta un pueblo de demonios, es decir, hasta una población de ladrones, que no entiende de derecho, necesitaría normas de convivencia para proteger su patrimonio.

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