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Legalidad y legitimidad del Derecho indígena

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El debate sobre las reformas constitucionales se ha centrado en el reconocimiento de la potestad de juzgar de los Pueblos indígenas. Entre los opositores han aflorado tanto argumentos legítimos, como otros que resuman ignorancia o mala fe. Por falta de espacio, me centraré en la legalidad y la legitimidad del Derecho consuetudinario indígena, que incluye la facultad de juzgar. Los sistemas propios de administrar justicia de los Pueblos indígenas (PI) fueron reconocidos desde la Colonia, no es un invento nuevo. La legislación colonial (Leyes de Indias) estableció la República de Indios (Tomo VI) y la República de Españoles, cada una con sus instituciones, normas y tribunales de justicia. El Estado moderno, con mayor o menor amplitud, según la época, ha reconocido la potestad de juzgar de los PI.

Se denomina pluralismo jurídico a la existencia de varios sistemas de normas y diferentes sistemas de juzgamiento en un solo Estado. Esto existe en Guatemala y en casi todos los Estados federativos, como México, Estados Unidos o Suiza. En esos países, cada Estado tiene su constitución, sus códigos y sus tribunales, y no hay caos ni anarquía. Existen, lógicamente, normas y tribunales federales, con competencia en todo el territorio. En la Federación Helvética (Suiza), incluso, las normas y los juicios pueden desarrollarse en diferentes idiomas (francés, alemán o italiano), según el cantón.

Ayer como hoy, siempre ha existido el afán de las clases dominantes de negar o reducir el sistema de autoridades y cargos de los PI, para someterlos a un poder hegemónico que persigue sus formas de organización social, prohíbe el uso de sus idiomas y el ejercicio de su espiritualidad, desprecia su cultura y busca su asimilación. Lo anterior, con el propósito de negar el principal derecho de todo pueblo, indígena o no: el de libre determinación, que le permite establecer su propio gobierno y su sistema de justicia. El derecho de libre determinación de los PI del país está reconocido en siete instrumentos legales ratificados por el Estado de Guatemala.

Además, el artículo 44 de la Constitución establece que esos derechos pasan a formar parte del ordenamiento jurídico nacional, estén o no incluidos en el texto de la Carta Magna: “Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular”. Por consiguiente, el Derecho indígena es legítimo, porque es aceptado por millones de mayas y xincas, hace parte de sus formas de organización social, y responde a su cultura. Además, el Derecho indígena es legal, porque el Estado de Guatemala suscribió y ratificó siete instrumentos internacionales que lo reconocen, y nuestra Carta Magna establece que pasan a formar parte de nuestra normativa.

Si lo anterior no fuera suficiente, existen decenas de sentencias de los tribunales del país, incluso la CSJ y la CC, que reconocen la validez de los juicios y de las sentencias emitidas por jueces indígenas. En algunos casos han establecido que, si una persona ha sido juzgada en la jurisdicción indígena, ya no se le puede juzgar en un tribunal oficial, en base al principio non bis in ídem: nunca dos veces por la misma causa. Así, reconocen judicialmente la validez del Derecho indígena. En base a lo anterior, incluir la jurisdicción indígena en la Constitución es un acto formal, para que haya concordancia con los tratados y convenios que la legalizaron. Así pues, no hay necesidad de rasgarse las vestiduras, ni sacar a relucir el racismo.

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