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Concesiones no rentables

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O el Estado es un mal negociador o bien bajo la mesa se transan concesiones muy perjudiciales para el interés del país. Muchos contratos suscritos hasta hoy con operadores nacionales e internacionales benefician solo a una de las dos partes. Es lo que ocurre con la concesión del tramo Palín-Escuintla. Desde que se concesionó el cobro del peaje de la ruta, en 1997, el Estado ha percibido apenas Q11 millones de los Q1 mil 15 millones que suman los ingresos por el uso de la ruta.

Se calcula que ni en 50 años el Estado recuperará los Q340 millones que Guatemala invirtió mediante un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para la construcción de esos 29 kilómetros. O sea que el Estado construyó la obra e inmediatamente la dio en concesión a la empresa mexicana, sin que a esta le costara un solo centavo. Actualmente, el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas contempla sacar a licitación varios tramos bajo la modalidad de peaje, uno hacia Puerto Quetzal que es continuación de la ruta Palín-Escuintla, el trayecto de la aldea El Cerinal a Barberena, en Santa Rosa, y la ruta circundante de Chimaltenango.

“Se supone que toda concesión debe ser de interés mutuo, tanto para el Estado como para el concesionario.”

Se supone que toda concesión debe ser de interés mutuo, tanto para el Estado como para el concesionario. Por supuesto que un operador busca la mayor utilidad económica en la ejecución de un contrato. Eso no está en discusión, pero hasta hoy la modalidad más común de las concesiones es que el contratista ejecuta las obras con sus propios medios, asumiendo los costos de diseño, construcción, organización o gestión de la obra o actividad que se le otorgó bajo ese modelo.

El caso de la concesión de la carretera Palín-Escuintla es diametralmente opuesto. La empresa no invirtió, no diseñó y ni siquiera asumió riesgo alguno. Se desconoce si las autoridades de su tiempo hicieron alguna proyección de los ingresos y egresos, para establecer si el uno por ciento de los ingresos era el porcentaje adecuado para que recibiera el Estado. Seguro que no, es decir, fue un contrato muy sui géneris, ejemplo de lo que no debe ni puede ser una concesión. En las condiciones que la empresa recibió la autopista, terminada al 100 por ciento, bien pudo haberse negociado por lo menos un 15 ó 20 por ciento.

Se debe considerar que el país necesita una buena infraestructura vial para que la economía crezca y prospere. Las concesiones son una opción, pero si el Estado es el único que va a invertir en una obra, la concesión no tiene ningún sentido. Otra modalidad es que el Estado invierta una parte negociada y que vaya pagando conforme la obra avanza, según lo pactado, previa comprobación de lo invertido por el contratista. En Guatemala tenemos un sistema perverso. Se acepta que un contratista subcontrate a otra empresa y la supervisión de las obras está a cargo del mismo contratista y no del Estado. Eso es corrupción. Es una lástima aceptar que el destino del país sea perder, perder y perder.Las reglas hay que cambiarlas, buscando transparencia y rentabilidad.

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