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La oposición a tratar las reformas constitucionales en el Pleno del Congreso, el pasado 15 de febrero, refleja nuevamente que el factor más adverso en el paíssigue siendo un contexto cargado de desconocimiento y miedo. No son cuestiones técnicas de derecho, ni la preocupación porque la jurisdicción indígena sea oral y no escrita, si la jurisdicción oficial está arriba, debajo o a un lado, tampoco de quién y cómo elegirá jueces y magistrados ni nada por el estilo. Es un asunto relacionado con el poder de grupos económicos y políticos que calculan riesgo de pérdida de control del aparato coercitivo del Estado y por consiguiente, de ya no disponer a su antojo del territorio y la naturaleza ni de sus fórmulas de producción y acumulación de riqueza.

Uno de los problemas que afronta el sistema de justicia oficial es lo relacionado a su legitimidad, lo que tiene una relación directa con la independencia judicial. La escandalosa captura reciente de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, el encausamiento de otros dos y los señalamientos a uno más, son casos que destaparon el nivel de tráfico de influencias y de poderosos intereses movilizados para su nombramiento, lo que apunta a una justicia cuestionable, ilegítima e hija de un Estado cooptado. Es uno de los motivos por los que el régimen carece de capacidad de pensar el sistema desde el marco analítico del pluralismo jurídico, que es hablar de aceptar lo diverso, la existencia de otras concepciones de la justicia que tienen fines, métodos y autoridades que también valen y que pueden legalmente ser eficaces.Lo más lejos que se llega, es a imaginar juzgados y cortes independientes. Un avance hasta medio camino o quizá menos.

En los hechos, esas jurisdicciones “otras” existen y son parte de la cotidianidad. En el caso de la jurisdicción indígena, opera en comunidades en donde hay menos homicidios y son más eficaces que las oficinas del órgano estatal que acusa y tiene la carga de la prueba, así como más pronto y más cumplido que las resoluciones de los juzgados. Los jueces, conocidos como autoridades ancestrales, tienen más reconocimiento ciudadano y el principio de reparación se impone en su labor, nacido en el seno mismo de valores colectivos heredados y de la convivencia con sus iguales. No son personas desconocidas y tampoco investidas de una autoridad por encima de todas las demás; las comunidades saben quiénes son y por qué tienen asignada la responsabilidad de ese servicio.

Así entonces, en la formalidad y en los hechos de la vida diaria, coexisten dos jurisdicciones que operan de acuerdo con lógicas, historias y entramados distintos. Sus alcances están diferenciados, tienen virtudes y defectos. Tampoco se puede reclamar que uno sea mejor que el otro. De esa cuenta, debe haber coordinación y aprendizaje recíproco que entraña igualmente, importantes dificultades.  Sería un gran avance que después de siglos, Guatemala reconociera eso en su Constitución Política.

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