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Ayer en mis redes sociales apareció un mensaje que nos compartió Óscar Quintero: «El derecho y la justicia indígena no existen más que en el tiempo y la costumbre. Guatemala solo es una y su ley debe ser una, aplicada a todos los que nacen y habitan en este país.” No puedo estar más de acuerdo, pues en esa frase se resume la lógica que se necesita para entender lo peligroso que resulta este momento y que pareciera que no todos están enterados. Dentro de las reformas que se proponen a la Constitución, ahora resulta que se quieren tener dos sistemas de justicia paralelos en la República de Guatemala. Es tan extraño, increíble, ilógico, caótico, injusto. Se quiere incluir a la justicia indígena, el problema es que esta misma solamente viola los derechos fundamentales de los guatemaltecos.

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Para poder empujar la propuesta, se han armado argumentos falaces y contradictorios que solo buscan la división y el caos. Es mentira que la jurisdicción indígena reivindicará a los pueblos mayas. En vez de lograr fomentar la unidad del país, y del sistema republicano que nos caracteriza, esta desfachatez de propuesta viene solamente a dividir aún más, alimentado de nuevo por extranjeros y personas que se dedican a cobrar jugosos salarios de los países nórdicos y de otros que no terminan de entender lo que pasa acá. Por cierto, ayer habían ciertas “autoridades ancestrales” en el Congreso con tintes nórdicos que no necesariamente vienen de la Nana Winter.

Algunos progres –los que adoran las falacias y su discurso controversial está a la orden del día- no han tardado en indicar que “el que se oponga” a estas reformas que incluyen la justicia indígena, es racista. Es un discurso tan barato, fomentar las divisiones como se pretende hacerse, utilizando el recurso “racismo” mezclado con un concepto equívoco, pues racista es querer instalar una justicia indígena paralela a la justicia a la que están sometidos todos los guatemaltecos por lo que ya establece la Constitución. Eso es racismo.

Reconocer una jurisdicción alterna, ¿qué límites tiene? ¿Cómo se fijará? ¿Qué criterios se utilizarán para determinar qué sistema de justicia se somete a cada individuo? Hay tantas interrogantes, como bien lo presenta Phillip Chicola en su columna del 14 de febrero en elperiódico: “en seis meses de buscar respuestas, concluyo que, o no hay respuestas claras, o existen tantas como visiones personales sobre este tema”.   

Las Reformas Constitucionales que se proponen para fortalecimiento del Sector Justicia son importantes, sin embargo, traen dentro de ellas estas polémicas propuestas subversivas y divisivas, racistas y violadoras de los derechos de cualquier guatemalteco, que solo nos recuerdan un triste sistema feudal que retrocede el poco avance que como país podamos tener. Si la ley no llega “a tiempo” al área rural, esta forma de “solucionarlo” solo trae más problemas, distinguiendo y separando ante la ley y dividiendo una vez más.

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