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GuilleDe las críticas formuladas contra la sentencia del 30.01.1 dictada por la Corte de Constitucionalidad (Expediente 5073-2016),que suspendió a la magistrada Valdez Quezada como presidente de la Corte Suprema de Justicia, destaco una en particular:  la que dice que la parte actora -una fundación de derecho privado- no demostró la existencia de un agravio personal y directo en su perjuicio ya que, tratándose de “intereses difusos”, la tutela constitucional le correspondía exclusivamente al procurador de los Derechos Humanos o a el Ministerio Público. ¡Falso! El argumento desconoce la sólida doctrina jurisprudencial que sustenta este criterio.

Ya en sentencia del 07.03.14 (Exp. 461-2014), la CC expuso que “si bien la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad no contiene disposición expresa que para pedir amparo se acredite agravio personal, por interpretación consolidada del Tribunal, en más de tres fallos consecutivos, se ha hecho exigible dicho requisito, por razón de que nadie puede hacer valer como propio un derecho ajeno”; pero también aclaró que ello no es óbice para que cuando se le pida “resolver acerca de actos u omisiones que afecten a la totalidad de habitantes del país, cuando conciernan a la institucionalidad del Estado” ante “situaciones en que se ha puesto en riesgo la integración de la Corte Suprema de Justicia (incluyendo el ejercicio anual de su presidencia), y de las magistraturas del Organismo Judicial”, tal como lo ha hecho anteriormente.

“Y en su apoyo invocó la doctrina legal conformada con el criterio jurisprudencial vertido con anterioridad.”

Sostuvo, además, “que la Corte de Constitucionalidad, según su prudencia y razonabilidad, puede abrir la jurisdicción constitucional para conocer denuncias de violaciones al orden establecido. Esto, conforme lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Corte puede ser juez de su propia competencia”. Y en su apoyo invocó la doctrina legal conformada con el criterio jurisprudencial vertido con anterioridad en los expedientes 212-89, 3635-2009, 3634-2009,  3690-2009 y 122-2010, en los que conoció amparos promovidos por ciudadanos particulares, o por dignatarios a título personal, atendiendo “la trascendencia institucional que pudo afectar el funcionamiento normal y en tiempo de órganos de carácter supremo o […] que tienen relevancia respecto de todos los habitantes de la República, bien sea como sujetos activos o pasivos de la acción penal”. 

También aclaró “que si bien la regla de existencia de agravio personal y directo se mantiene -para los eventos de violación de derechos individuales- , no puede aplicarse a todos los casos sometidos a la jurisdicción constitucional, y menos aún tenerse aquella regla como inmutable” porque también “existen situaciones en las que el interés legítimo trasciende a una especial relevancia constitucional, que no puede ser vista desde una óptica individualista, que tiene respaldo en lo establecido en el inciso b) del artículo 135 constitucional” y porque “ese interés deberá entonces determinarse en función del objeto jurídico de la pretensión, promovida por quien también es titular de derechos fundamentales y libertades públicas”. Amicus Plato sed magis amica veritas.

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