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Benito Morales: “reformas son un retroceso a la justicia indígena”

Justicia indígena

Benito Morales, abogado y notario, originario del pueblo quiché, miembro  del Consejo de Pueblos de Occidente (CPO)  e integrante de Convergencia, conversó en entrevista con  Siglo.21,  en referencia al tema de la Reforma Constitucional que dentro de sus propuestas, busca el reconocimiento constitucional al derecho indígena

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¿Cuál es su visión del Proyecto  de Reformas a la Constitución?

A partir de la primera propuesta que lanzó la Comisión Técnica y que montaron éstos diálogos, de alguna manera yo participé en ese proceso. Pertenezco a un movimiento de pueblos que se llama el Consejo del Pueblo Maya, Comisión Coordinadora del CPO.  Nosotros, desde el origen, estamos haciendo un planteamiento,  de que lo que necesitamos es así: Para decirlo de manera muy clara, porque yo pienso que no es ni un crimen decirlo porque es así, es que necesitamos  promover el rompimiento constitucional e institucional de este Estado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esto está montado sobre  unos intereses  y que históricamente han venido haciendo cambios para “refuncionalizarlo” en función de sus intereses (sic). Entonces, en el fondo, en esencia, en nuestra opinión eso no cambia. Lo que simple y sencillamente hacen es “refuncionalizar el sistema” (sic), de tal manera que lo vayan ajustando a los cambios que van surgiendo pero que nunca en interés de la inmensa mayoría y de los pueblos, a partir de la claridad de la pluralidad de esta sociedad. 

“Reconocer la jurisdicción indígena es un retroceso, pues ya se reconoce en el artículo 66 de la Constitución”.

Entonces, nosotros nos oponemos en términos de la reforma, porque la misma lo único que hace es “refuncionalizar un sistema”, y el poder paralelo tiene una enorme capacidad para volver a reutilizar ese tipo de mecanismos y, al final de cuentas, caemos en lo mismo.  Y un tema que es absolutamente peligroso es la forma en que quieren plantear el tema de la jurisdicción indígena, sobre el cual considero  hay que hacer planteamientos muy elementales: Los pueblos originarios somos anteriores al Estado, que hay unos mecanismos de entender las cosas, de resolver los conflictos, así es. Que el Estado históricamente se ha construido para un pueblo y funciona para un pueblo y lo podemos ver en la propia Constitución, cuando habla de que el idioma oficial es el español y luego dice que las lenguas originarias son lenguas vernáculas, y que forman parte del patrimonio cultural de la Nación.

Eso es una postura que, aparte de disfuncional, resulta anacrónica: Es decir, los pueblos son vivos, los pueblos coexistimos, tenemos unas dinámicas cotidianas muy interesantes, porque hay que resolver los temas: el Estado siempre ha estado ausente.  Y la única concepción de Estado que hay para los pueblos originarios, es Ejército y Ejército, es sinónimo de represión. Entonces, cuándo se plantea el tema de la reforma al artículo 203,  primero es un retroceso y una descontextualización, porque a nivel de jurisprudencia  hay varios precedentes en donde se ha reconocido el derecho de los pueblos indígenas a su propio derecho y a sus propias autoridades y han resuelto conflictos.  Hay infinidad ya de sentencias, donde autoridades comunitarias indígenas han resuelto conflictos concretos, y el sistema de justicia se ha tenido que abstraer de eso y reconocer que efectivamente ya está resuelto por una autoridad en ejercicio de su propio derecho,  en ejercicio del artículo 66 de la Constitución y en aplicación  del Convenio 169 de la OIT, que también reconoce y dicta unos parámetros muy claros y otro montón de instrumentos que existen, entonces, se ha reconocido eso. Entonces, cuando vienen ahora y dicen que con el 203 lo que se quiere es reconocer la jurisdicción indígena, en realidad es un retroceso, porque ya está reconocido en el artículo 66 constitucional.

¿Considera que es legítima la reforma constitucional,  por su procedencia y su intención?

A mí me parece que el primer elemento de la legitimidad, con contadas excepciones en todo este cúmulo de organizaciones y de personajes que están girando en las diferentes mesas de diálogo, en torno a este tema de la discusión de la Propuesta de Reforma Constitucional, como por ejemplo 48 cantones y la Municipalidad Indígena de Sololá, que es claro de que ellos, efectivamente, tienen una representatividad, hay toda una estructura organizativa que funciona que es dinámica pero, a la vez, también hay un montón de personajes que tienen una actividad vinculada con una ONG, con una organización específica y que, a la larga, no constituye efectivamente ese elemento de representatividad que se requiere.  En ese sentido, considero que entonces el tema de la legitimidad es bastante relativo.

El punto medular de la discusión debe ser basado en el siguiente planteamiento: Si nosotros nos ponemos a discutir en base a nuestro esquema y nuestro aprendizaje, nunca vamos a ponernos de acuerdo, porque vamos a cuestionar: ¿Y el debido proceso?, ¿y el derecho de defensa? Y ¿cuál es la autoridad a la cual puedo recurrir?  ¿Y la igualdad ante la ley? Que es a donde se llevan generalmente esas discusiones y allí no vamos a salir.  No vamos a salir precisamente porque  la formación, nuestro origen al que pertenecemos nos marca y nos posiciona.

Si no hacemos el esfuerzo de despojarnos de ese tipo de cuestiones, para hacer una discusión sana, no vamos a ponernos de acuerdo y no nos vamos a entender.  Debemos entender que es otra cosmovisión. Es otra forma de ver el mundo completamente diferente. Entonces, si yo uso mis esquemas, aprendidos, para hacer esa discusión nunca vamos a ponernos de acuerdo y no vamos a salir.  La discusión debe ser, si tengo o no derecho de resolver mis propios conflictos.

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