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El poder de las cortes

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Por: Fernando A. Marín

El ciudadano de a pie poca relevancia le da a lo que sucede en el Organismo Judicial y la Corte de Constitucionalidad, dejan que esas decisiones las tomen los abogados, pues pareciera que únicamente a ellos interesa cuál es el rumbo de estas instituciones. No caen en cuenta sobre la magnitud de la relevancia que tiene el sistema judicial para que el Estado pueda cumplir su fin supremo que es la realización del bien común.

El poder soberano está delegado en tres órganos fundamentales: el Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Este poder que proviene del pueblo, como está establecido en la propia Constitución Política de la República de Guatemala, es único. Ninguno de estos organismos puede subordinarse al otro. Se ha delegado la potestad de juzgar al Organismo de Justicia, a través de los jueces y magistrados, quienes deben ser independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente sujetos a la Constitución y las leyes.

Mientras que la Corte de Constitucionalidad, ese mismo poder soberano, le ha conferido la función de defender el orden constitucional. A través del sistema de justicia y las resoluciones que emanan de los órganos jurisdiccionales se interpretan y aplican las normas que rigen el actuar de todos los ciudadanos. Sus decisiones deben reflejar que se está garantizando la seguridad jurídica, en detrimento de la arbitrariedad.

Los togados deben estar a la altura para el ejercicio de la función judicial. Ellos son los primeros encargados de velar porque se respete el cargo y se mantenga su independencia para tomar decisiones. El poder de las Cortes es tan importantes como para restablecer el orden, como sucedió el 25 de mayo de 1993, cuando la Corte de Constitucionalidad deja sin efecto las llamadas Normas Temporales de Gobierno, promulgado por Jorge Serrano Elías.

O pueden tener efectos tan nefastos como la sentencia de esa misma Corte que el 30 de julio de 2003 que permitió la inscripción de Efraín Ríos Montt como candidato presidencial, luego de aquel Jueves Negro; resolución que finalmente fue expulsada de la jurisprudencia. Las personas que asumen la función judicial tienen el deber irrenunciable de defender la investidura del cargo que asumen.

La distinción de ser juez conlleva que su conducta deba ser ejemplar, que en todo momento sea un guardián de los valores de justicia, independencia, imparcialidad, honestidad e integridad, que deben manifestarse en la transparencia con la que ejercitan su función pública y en su vida privada. El que es juez lo será hasta cuando duerme.

Es por eso que es deplorable y reprochable que una mkagistrada de la Corte Suprema de Justicia se haga valer de su posición para influenciar en un caso donde existe un interés directo, pues es su hijo quien está siendo juzgado. Es deber ciudadano el cumplir y velar por que se cumpla la Constitución, por ello debemos exigir jueces probos que respeten la alta investidura que llevan, y que el mismo sistema escupa aquellos que no dan la talla. Una responsabilidad que nos compete a todos.

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