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Injusticia ecológica en Lachuá

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El Parque Laguna de Lachuá es un área protegida ubicada en Cobán, Alta Verapaz, con una extensión de 145 km y un bosque tropical lluvioso. Alberga más de 200 especies de plantas, 298 de aves, 130 de mamíferos, 101 de mariposas, más de 30 de especies de hongos y una larga lista.

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Es importante por su biodiversidad. Entre estas especies hay 19 en peligro de extinción, tal el caso del jaguar, mono aullador, tapir, cocodrilo y otras. A su biodiversidad se suma su riqueza cultural. Los ríos que fluyen entre el bosque y cultivos permiten sobrevivir a unas 22 aldeas vecinas, en su mayoría habitadas por personas de la comunidad socio lingüística q´eqchi´. Pero toda esa riqueza reunida en la zona, está amenazada por las pretensiones de desviar el caudal del río Icbolay hacia una represa que haría funcionar una planta hidroeléctrica.

Esta necesita 90 metros cúbicos de agua por segundo, lo que representa la casi totalidad del caudal del río. Es cierto que el país necesita resolver sus necesidades energéticas para la producción y la sociedad, pero no puede hacerse sobre la base de la destrucción ecológica. Tendría implicaciones desastrosas de alcance planetario. Algunos siguen sosteniendo que esto es una exageración, pero hay evidencia científica al respecto.

Por eso resulta inexplicable que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales haya aprobado el 4 de noviembre pasado, un estudio de impacto ambiental que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) calificó de mala calidad técnica e incoherencia, al extremo que haría meritorio que sus autores fueran llevados al Tribunal de Honor del Colegio profesional respectivo. Otras dos instituciones especializadas en temas ambientales (Facultad de Biología de Usac e INAB) también tuvieron consideraciones semejantes sobre la obra, las intenciones y el mencionado informe.

La zona ya ha sufrido daños irreparables en el área núcleo y ha sido motivo de disputas, en especial en la segunda mitad de los años noventa cuando se aprobó una ley de minería, las concesiones petroleras y adquirió relevancia la privatización de la energía eléctrica y la construcción de la Franja Transversal del Norte.

La situación actual es de alto riesgo. La amenaza es real y de nuevo funcionarios públicos facilitaron el camino a los deslices éticos del lucro en algunos empresarios y profesionales. El caso representa la mueca de la cooptación del Estado y sus efectos, lo cual se quiere perpetuar en el Congreso manipulando las reformas constitucionales originalmente presentadas.

El temor es que los beneficiarios de esos negocios pierdan el control de la justicia, de las demás instituciones y de la impune destrucción de territorios indígenas. La injusticia ecológica aparece otra vez, destruyendo naturaleza. Va de la mano de la injusticia social y de la carencia de ética en la función pública, fundada en un modelo económico generador de más pobreza de la que puede manejar y amparadas por el Estado cooptado.

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