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La crisis política e institucional tiene al país en medio del pantano, en situación aún más desventajosa para encarar el reacomodo global empujado desde Estados Unidos, a raíz del establecimiento del gobierno de Donald Trump. Con esa conclusión cerramos el Mirador de Kaminal de hace una semana. Ahora, en abono de esa hipótesis, conviene ver algunos procesos dentro del pantano. En la madrugada del 1 de febrero fue emboscado y muerto a balazos el alcalde de Rabinal, Baja Verapaz. A consecuencia del atentado también murió el concejal III, Eldyn Gómez de Paz.

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Este fue el segundo caso de muerte violenta de un jefe edilicio en lo que va del año, pues el 25 de enero apareció en Mazatenango el cadáver de Valeriano Rodríguez Cos, alcalde de Samayac, Suchitepéquez. Según estadísticas publicadas por Prensa Libre (7/02/2017) desde 2014 murieron de forma violenta cinco alcaldes municipales, un ex alcalde, nueve concejales, un síndico, un ex concejal, un concejal electo y tres candidatos a alcalde. “La crisis no es sólo de la institucionalidad nacional. El poder local está vulnerado, puede ser cooptado o atracado”, escribe Ileana Alamilla en su columna del sábado pasado en Prensa Libre.

Ella misma da cuenta que “32 alcaldes se encuentran amenazados y sólo 17 tienen seguridad”. Esta última cifra la corroboró el ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, quien precisó que los casos de otros dos jefes municipales son evaluados con vistas a otorgarles protección (Soy 502, 2/02/2017). De acuerdo con la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) según cita una nota de Ferdy Montepeque (elPeriódico, 4/02/2017) las zonas de mayor riesgo para los alcaldes son departamentos fronterizos como Petén, Huehuetenango, San Marcos, Jutiapa y Chiquimula.

A juicio de Edwin Escobar, alcalde de Villanueva y presidente de la Anam: “está debilitado el Organismo Judicial, es notorio; está debilitado el Ejecutivo, está debilitado y fraccionado el Legislativo. Ahora vemos que están matando a alcaldes del interior, en municipios que son rutas de trasiego” (Prensa Libre, 2/02/2017). Entretanto, en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala se desató, al menos desde la última semana de enero, una cadena de atentados contra trabajadores del transporte público de pasajeros. Al menos cinco víctimas mortales y otras tantas heridas, entre pilotos, ayudantes y pasajeros, dejaron estos hechos.

La respuesta, en varias zonas, ha sido el paro de labores y, como consecuencia, los usuarios están arriesgándose a transportarse en unidades improvisadas o en microbuses, algunos muy modernos, que curiosamente empezaron a prestar el servicio en las rutas afectadas. Claro está, cobrando hasta Q5 por persona. Al respecto de esta situación, Rivas Lara declaró ayer mismo a Emisoras Unidas, que no descarta estar ante un plan de desestabilizador. Cuando se está en medio del pantano, con el lodo hasta el cuello, es difícil ver la naturaleza estructural de la crisis. Y sí, más fácil, ver micos aparejados.

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