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Por: Roberto López Porras

La acumulación de juicios críticos de gran impacto sin resolverse en los tribunales de justicia, después de dos años de proceso, ya empieza a afectar la economía, a paralizar nuevas inversiones tanto en el sector privado como en el sector público y eso es preocupante, especialmente frente a una coyuntura externa adversa para el país en 2017, y los años que vienen, sin respuesta de parte del Gobierno.

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En el orden político, hay un gran vacío en los espacios que ocupaban los partidos Lider y Patriota, que fueron cancelados, y otros están paralizados. El partido oficial enriqueció su membresía con los diputados tránsfugas de los partidos cancelados, sin ideologías activas, pero sí con intereses y metas personales, el cual no tiene credibilidad, tampoco la tiene la nueva Junta Directiva del Congreso de la República que llegó con el apoyo del Ejecutivo.

Naturalmente que Jimmy no debiera apoyarse en dicho partido, que se ha convertido en el representativo de la vieja política, corrupta, que está reproduciendo sistemas reciclados, con las mismas prácticas del pasado. Los otros partidos minoritarios que tienen representación en el Congreso, incluyendo la UNE (Unión Nacional de la Esperanza), donde militan Mario Taracena y Sandra Torres, no han podido crear un movimiento disciplinado de Frente Común, para impulsar las reformas y leyes que requiere el país.  Cada ley que emite el Congreso de la República, que cuesta a los contribuyentes millones de quetzales, algunas de ellas frívolas, que inventan comisiones técnicas especializadas o extraordinarias para darles a los diputados, sinecuras y fondos para financiar sus partidos, engordar sus cuentas bancarias, viajes de vacaciones al exterior, conciliábulos, proyectos de leyes sin importancia o proyectos que finalmente son postergados o engavetados.

Guatemala podría vivir con más productividad y eficiencia con un Congreso de calidad, reducido a la mitad de los diputados actuales, con mejor representación de las provincias y con más dinamismo. No es fácil acostumbrarse a vivir en un ambiente de negligencia, de corrupción y privilegios, propiedad de los que tienen secuestrado al país, a la política y a la economía, sin perspectivas reales de cambio.  El nuevo Congreso de la República, que dio espacio a setenta y cinco nuevos diputados, ya se ha dejado permear por la vieja política, convirtiendo a dicho organismo en un club de amigos, de burócratas, de viajeros, que cobran salarios básicos, gastos de representación, dietas y bonos inventados.

Los contribuyentes pagamos la ineficiencia, los privilegios y los abusos de los diputados y sus cohortes. Dicho organismo es el símil del cleptócrata maniático y oportunista, que lo ponen a cuidar el Tesoro. Pero dichos privilegios no son exclusivos del Poder Legislativo, sino también del Poder Judicial, donde decenas de magistrados se autorecetan salarios de países del Primer Mundo, inventando para sí mismos Bonos de Navidad, Bonos de eficiencia(¿?), Bonos de Productividad(¿?), Gastos de Representación que no merecen, y otros privilegios.

No es diferente en las municipalidades. Si los diputados son incapaces de aprobar una Ley de Servicio Civil que ponga en orden la contratación de personal de calidad en todo el sector público, incluyendo al Congreso, al menos el Ministerio de Trabajo, conjuntamente con el Ministerio de Economía, podrían hacer el esfuerzo por elaborar un Proyecto de Ley para regular los salarios, dietas, gastos de representación y otras formas de salarios para los servidores de la administración pública, en tanto se emite una Ley de Servicio Civil Integral. El sistema actual de salarios públicos está deformado, lleno de sinecuras y corrupción, que paga el contribuyente. Para un país como Guatemala, con pobreza secular y pobreza extrema, los salarios de los jerarcas en el sector público son desproporcionados.

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