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Las instituciones públicas deben modernizarse y cumplir eficientemente sus objetivos, para que la democracia funcione y alcance su fin primordial que es el bien común. En eso radica una de las causas de nuestra problemática. Ambos procesos no van de la mano. Las instituciones continúan con viejos patrones y viejos procedimientos. El resultado es: discrecionalidad en las decisiones y corrupción. Las modificaciones a reglamentos y leyes, tan necesarias, han ido a paso de tortuga y, en muchos casos, no han facilitado sino entorpecido el cumplimiento eficaz de los objetivos de las instituciones. Se volvió común el expediente: hecha la ley, hecha la trampa. En otros casos, simplemente fue maquillaje.

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Hay instituciones que no han cambiado, por ejemplo, la Universidad de San Carlos. Sobre dicha institución se tejen muchas interrogantes. ¿Está a tono con los tiempos actuales su antigua ley orgánica? Al parecer no, pues se habla de estancamiento académico y corrupción. ¿Cambió el IGSS? ¿Y la Contraloría? El sistema de partidos políticos sigue siendo anacrónico, antidemocrático y poco transparente, lo cual repercute en la institucionalidad del Estado. Por otro lado, la seguridad alimentaria, el ordenamiento industrial, urbanístico y agrícola, la salud y la educación, el atraso en la infraestructura vial, la falta de inversión adecuada en el área rural. Son muchas las materias pendientes.

“La Usac ¿Está a tono con los tiempos actuales su antigua ley orgánica?.”

Cambio, modernización, transparencia. El problema es que llevamos más de 30 años en este proceso, el tiempo que le llevó a Taiwán convertirse en un pequeño Japón. O sea que avanzamos a muy lenta velocidad. Una de las razones es que se observa poca iniciativa en las instituciones para modernizarse y reestructurarse. Naturalmente, todo cambio implica resistencias pues, como es de esperarse, hay intereses muy arraigados, personales y de grupos minoritarios. Sin embargo, es ahí donde la presión pública debe ejercerse para hacer prevalecer los intereses del país y de todo el conglomerado.

Desde que se firmaron los acuerdos de paz, hace 20 años, se fijó de alta prioridad la reforma de la administración de justicia, de manera que se revertieran la ineficacia y la corrupción, se garantizara el libre acceso a la justicia, la imparcialidad y la independencia judicial, y el derecho a la defensa para quien no pudiera pagarla. Pero de todas las cosas, lograr la plena independencia de la justicia es una de las grandes urgencias.

En otras palabras, no más intervención de poderes externos en la elección de autoridades de la justicia. Lamentable, pero ni las comisiones de postulación ni los partidos políticos, tampoco la propia administración de justicia han sido garantía de un presupuesto básico: Que el interés ciudadano prevalezca por encima de cualquier otro. La sociedad debe seguir buscando que las instituciones cambien, funcionen, sean eficaces y cumplan sus objetivos. Asimismo, porque se imponga el ideal previsto en la Constitución para el ejercicio de los cargos públicos: capacidad, idoneidad y honradez.

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