El Siglo

Las colas de la SAT…

El año pasado, escuché múltiples historias de cómo la parálisis de las aduanas en el primer semestre llevó a pequeños y medianos empresarios al borde la quiebra o al cierre de sus negocios. Este año, sigo escuchando el tiempo exagerado en que se toma la SAT para autorizar facturas, provocando que los empresarios asuman gastos operativos y costos financieros que no les corresponden, resultado de estos retrasos administrativos.  Ahora interponen demandas a empresarios, cuyos proveedores no reportan facturas, y ¿qué tienen que ver unos con los otros? El año pasado privaron de libertad a representantes legales  de grupos corporativos, sin agotar los procesos administrativos correspondientes. Y no digamos las colas que la gente tiene que seguir haciendo para distintos trámites, como el pago de impuestos y multas de automóviles que se vendieron en décadas anteriores y que los nuevos dueños nunca cumplieron. Encima, ahora se dice que realmente la meta de recaudación no se alcanzó, y que ellos mismos la fueron ajustando durante 2016, para no caer en causal de destitución.

¿Habrá alguien que tenga algo bueno que decir de la “nueva” SAT? Bueno, al menos yo sí: el cambio de la perversa estructura del Directorio de la SAT, que anteriormente estuvo integrada por “profesionales” sin escrúpulos que mintieron bajo juramento ante un tribunal, arruinándole la vida a exfuncionarios públicos (como en mi caso), que finalmente se aclaró, pero llevo 12 años en tribunales haciendo el esfuerzo para que los verdaderos responsables de ese atropello asuman su responsabilidad. Se supone que este nuevo Directorio es más íntegro que el anterior, pero ni siquiera han pasado un año en sus cargos como para validar esta apreciación. Por otro lado, en principio no debería de existir un Directorio. De acuerdo al inciso q) del artículo 183 de la Constitución Política, es función del Presidente de la República “administrar la hacienda pública con arreglo a la ley”; es decir, a juicio de esta propuesta, la administración tributaria es una función primaria del Ejecutivo no delegable. Por ello, es que desde su creación en 1998 persiste aún la duda más que razonable, en el sentido que el haberle otorgado autonomía absoluta al ente recaudador, a través de la creación de la SAT, fue una acción inconstitucional. En este sentido, el Ministerio de Finanzas Públicas deber rescatar el papel rector que le otorga la Ley.

En general, el problema en que tienden a caer las autonomías es la dificultad en la fiscalización de la calidad de su gestión y de sus resultados, así como el buen uso de sus presupuestos. La ausencia de pesos y contrapesos efectivos que vigilen el desempeño, así como que velen por la transparencia del uso de los recursos públicos que perciben del erario, permiten que se abuse de la autonomía. Es así como, en el caso de la SAT, hemos llegado al extremo de tener “un feudo de feudos”, sin criterios ni autoridad definida, y una ejecución presupuestaria que no se sabe si está alcanzado el fin por la que fue creada. Por otro lado, no es a través de la creación de ejércitos de puestos de trabajo con funcionarios que seguirán gozando de la discrecionalidad en la interpretación de leyes y procesos, lo que mejorará automáticamente la recaudación.  Por el contrario, es precisamente el margen de discrecionalidad del funcionario público lo que lo inviste del potencial poder público de extorsión. En mi opinión, lo que necesita la SAT es la implementación e institucionalización de una plataforma electrónica que elimine cualquier margen de discrecionalidad humana.

En Guatemala ya existe, e incluso se opera a nivel mundial, un sistema informático (que fue del conocimiento de varias administraciones tributarias anteriores) que cruza en tiempo real la información de facturas, con el fin de detectar, prevenir y evitar evasiones de impuestos. Con esta aplicación se eliminaría la discrecionalidad de la SAT en las auditorías que realiza, se eliminaría por completo el tráfico de documentos y la competencia desleal, y se alzaría la carga tributaria hasta un 15% del PIB en dos años, sin aterrorizar al contribuyente, ni paralizar la economía.

Lamentablemente, uno ya no sabe para quién se escriben estas líneas en calidad de aporte para un mejor Estado. ¿El Presidente? Pues parece que no escucha y no manda. Quizá al establishment de la izquierda internacional, que tiene el poder fáctico de este país en este momento, pueda interesarle este tema, si es que su objetivo es legítimamente un país más justo e igualitario.

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