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Entre la ignorancia supina y una grotesca demencia: La carencia obscena del cacareado Estado de derecho

Corte de Constitucionalidad

Parte I La sentencia de la Corte de Constitucionalidad, en el Amparo interpuesto por la Fundación Myrna Mack, pone literalmente a la justicia del país patas arriba y evidencia el extensivo y judicial irrespeto al orden constitucional

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Una Sentencia en Amparo, decretada por la Corte de Constitucionalidad (CC), la semana pasada, asombro, provocó estupor e incredibilidad. El fallo ordenó deponer a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ante la “supuesta ilegalidad de la elección efectuada el 26 de septiembre del año pasado”.

Luego, la sentencia de marras ordena, igualmente de manera inicua e irregular, convalidar “los actos de la Corte Suprema de Justicia que hubieren sido realizados desde el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis a la fecha, en la que quede firme el presente fallo (…)”. Este complemento de la sentencia, igualmente improcedente e irrespetuoso del orden constitucional, resulta también inverosímil, porque atenta contra el orden lógico del Derecho, al declarar espuria la elección y luego válido lo actuado por la así configurada Corte. Tal sentencia fue firmada por tres magistrados titulares (Neftaly Aldana, Gloria Porras -la magistrada ponente, o sea, quien la concibió para proponerla al pleno- y Boanerge Mejía). Y dos magistrados suplentes, José Par y Henry Comte. No firmaron la resolución los magistrados titulares Dina Ochoa y Francisco de Mata Vela.

En el caso de Neftaly Aldana, el magistrado Presidente de la CC (por su edad, dado que el cargo se ejerce de forma rotativa en referencia a los años, de más años a menos años), es pertinente recordar que fue electo para ese alto Tribunal en nombre de la Corte Suprema de Justicia, precisamente con el concurso de “un suplente”. La suplencia es una de las tantas y viejas instituciones de los tribunales, en Guatemala y en el extranjero, vinculada a la seguridad y certeza jurídicas, al juez natural y al manido “debido proceso” (esta última, que fue la disparatada excusa para el Amparo que debía provocar cambios abruptos en la CSJ).

ARTICULO 77. *SUPLENCIAS

En caso de impedimento, excusas, recusación o ausencia temporal de alguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando esta deba conocer en pleno, serán llamados a integrarla los Presidentes de las Salas de Apelaciones o Tribunales de similar categoría, principiando con los establecidos en la capital de la República en su orden numérico; en su defecto, los vocales de dichos tribunales y, por último, a los suplentes de éstos. Si la ausencia fuere absoluta, se procederá de la misma manera mientras el Congreso de la República hace una nueva elección.

*Texto Original

*Reformado por el Artículo 10 del Decreto Número 11-93 del Congreso de la República de Guatemala.

*Reformado por el Artículo 6 del Decreto Número 112-97 del Congreso de la República de Guatemala”.

Neftaly Aldana fue elegido en una sesión, el miércoles 2 de marzo del año pasado, en la que integró para completar el quórum de trece, un magistrado de Sala sin que nadie chistara palabra, a pesar que hay una importante diferencia: se le designaba a él “para ejercer jurisdicción, esto es, la aplicación de la justicia constitucional”. En tanto, la impugnada elección de Presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene un matiz e importancia meramente administrativa.

LOS ARGUMENTOS DE LA ABERRACIÓN JURÍDICA

La sentencia de la CC, que provocó conmoción en medios legales, enfatiza como vicio que se había integrado para la elección a “un suplente” (el magistrado de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, Freedyn Waldemar Fernández Ortíz), “quien, por no ser miembro titular de la Corte Suprema de Justicia, no debió de haber participado”. En declaraciones a la prensa local, Aldana defendió su elección. Su argumento toral se resumió en la frase “No es lo mismo”. Y en efecto, su elección (con un suplente) reviste de mayor importancia jurisdiccional que la que tiene la propia Presidencia de la CSJ.

La Fundación Myrna Mack, en tanto que persona jurídica, estaba en su legal derecho de plantear el Amparo. La Constitución Política de la República de Guatemala lo garantiza,

ARTICULO 28. DERECHO DE PETICIÓN

Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de treinta días”. No obstante, el ejercicio del derecho de petición debió llegar hasta el límite fijado por la Ley que exige en la presentación de un amparo, demostrar una lesión directa a los derechos personalísimos de la Fundación Myrna Mack. Extremo imposible de demostrar como un daño directo y concreto, por lo que era inexcusable que la Corte de Constitucionalidad rechazará in limine, o sea de entrada, una búsqueda de tutela para un daño imposible de concretar. La vaguedad aducida como daño directo, fue la violación al principio de legalidad y debido proceso. En el primer caso, el contenido de lo que debe comprenderse como principio de legalidad se ha ido erosionando con los nuevos tiempos.

La Enciclopedia Jurídica lo define como un “principio que rige todas las actuaciones de las Administraciones públicas, sometiéndolas a la ley y al Derecho. Tiene una vinculación positiva, en el sentido de que la Administración puede hacer sólo lo que esté permitido por ley, y una vinculación negativa, en el sentido de que aquella puede hacer todo lo que no esté prohibido por ley. El principio de legalidad se constituye como pieza fundamental del Derecho administrativo sancionados reservando a la ley la tipificación de las infracciones y sanciones que correspondan”. En un sentido estricto, el Principio de Legalidad se postuló para el Derecho Penal y el Derecho Tributario, en cuanto a que toda disposición que fuera aplicada a la población tiene obligatoriamente que estar contenida en una ley. Exige un complemento de otro principio, el llamado de Reserva, que señala que necesariamente esa ley debe ser emitida por el Congreso. Ambos principios son una garantía precisamente para evitar los abusos de autoridad frecuentes en la administración pública y los tribunales, y en claro beneficio de la certeza y seguridad jurídicas. El ciudadano no puede estar sometido a la veleidosa, arbitraria y abusiva gestión de quien ejerce una función pública.

En cuanto al debido proceso, definido ahora como debido proceso de las garantías constitucionales, tiene su remoto origen en la Inglaterra de Juan sin Tierra (1215), con la firma de la célebre Carta Magna, cuyo numeral 39 es el trascendente, y que pasados varios siglos fue desarrollado por calificados doctrinarios de la Common Law para ser exportado al mundo entero. Aducir, sin embargo, como causal para el otorgamiento de un amparo definitivo el debido proceso, es burdo y de muy mal gusto, precisamente cuando la Corte de Constitucionalidad violó ese debido proceso que regula nuestra Constitución y el Decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente. El Amparo es pues, en grotesco contraste, un medio extraordinario y subsidiario para la protección de las personas contra los actos de autoridad que impliquen amenaza o violación directa de sus derechos. Para la defensa de los intereses generales, la propia Ley de Amparo (LAEPC), lo determina:

ARTICULO 25. LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DEL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos tienen legitimación activa para interponer amparo, a efecto de proteger los intereses que les han sido encomendados”. O sea que la tutela de intereses colectivos o difusos (A classaction, classsuit, o  representative action de los norteamericanos -principalmente para la defensa de los derechos del consumidor-), no puede ser ejercida en Amparo por particular alguno en Guatemala, porque nuestra legislación no faculta para arrogarse (atribuirse), representación colectiva alguna. En el caso que se analiza habría sido necesario que la Fundación Myrna Mack recogiera la firma de todos los guatemaltecos mayores de edad, que le otorgaran un mandato de representación, extremo simplemente imposible.

Precisa y puntualmente, en el pasado, la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, en reiterados fallos ha estimado: “…esta Corte ha declarado en reiteradas oportunidades que la petición del amparo es de naturaleza personal, o sea, que no existe acción pública para hacer valer esta garantía constitucional”. (Gaceta jurisprudencial No. 22, expediente 215-91, Amparos en única instancia -22 de junio de 2007-). Cierto es que, en años recientes, con el respaldo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de los primeros años, con Carlos Castresana, la CC acogió alguno que otro Amparo de litigantes coludidos que, por fortuna para la sanidad del orden jurídico nacional, no tuvieron mayor trascendencia en el tiempo. El Amparo pues, tiene como finalidad proteger a las personas, en la preservación o restauración de “los derechos individuales directos, amenazados o violados por actos, decisiones o resoluciones de autoridad e incluso de personas jurídicas privadas”.

El Amparo entró a nuestro ordenamiento jurídico tras la caída del dictador Manuel Estrada Cabrera, con la reforma constitucional del 11 de marzo de 1921 de la Ley Constitutiva de la República de Guatemala, que había sido decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de diciembre de 1879, y que estuvo vigente hasta 1945, siendo en nuestra historia patria la de mayor duración. La CC, en una sentencia dictada seis meses después de nacer a la vida jurídica, el 14 de julio de 1986 (en referencia al artículo 265 constitucional; y al artículo 8o. del Decreto 1-86 de la Asamblea Constituyente, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad -LAEPC-), afirmó que “el amparo es un instrumento que la Constitución Política de la República pone en manos de los habitantes para que reclamen la transgresión de un derecho constitucional, ya sea ante el caso de una amenaza de violación de sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos, cuando la violación se hubiere consumado […]”.

El Amparo, vital instrumento jurídico para la defensa de los derechos fundamentales de las personas, necesita empero, para ser admitido a trámite, el forzoso cumplimiento de determinadas condiciones (no solo la demostración del agravio directo), sin las cuales no puede provocar la tutela del órgano jurisdiccional. Ya en el año de 1989, la propia CC discernió en una sentencia: “[…] De ahí la facultad de las personas de acudir a este instituto, que habrá de utilizarse conforme su naturaleza y la ubicación que tiene en nuestro ordenamiento jurídico, a efecto de obtener la protección que con él se pretenda. Así, para promover amparo, como medio extraordinario de protección de aquellos derechos, debe darse cumplimiento a requisitos esenciales que determinan su procedencia y hacen viable la reparación del agravio causado, como lo son: a) la legitimación de los sujetos activo y pasivo; b) el de oportunidad en el plazo, pues deben interponerse dentro del fijado por la ley específica que lo regula, salvo los casos de excepción que contempla; y c) la definitividad, porque previamente a acudir al mismo ha debido procurarse la tutela ordinaria de tales derechos en la jurisdicción correspondiente, y por los procedimientos y recursos idóneos establecidos en las leyes. La ausencia de cualquiera de tales elementos imposibilita otorgar la protección solicitada, siendo imperativo para el Tribunal de Amparo examinar la concurrencia de los mismos, así como de los requisitos formales del caso, como materia que debe someterse a análisis […]  (Gaceta No. 11, expediente No. 360-88, p. 190, sentencia del 15 de marzo de 1989).

Según esta sentencia, al igual que lo postula la doctrina, lo elemental para la protección de los derechos afectados es la legitimación de los sujetos activo y pasivo. Esto es, la víctima del agravio directo (no difuso), y la identificación real y plena de quien lesionó los personalísimos derechos del agraviado. Dos meses después de la recién citada sentencia, de 1989, la CC pronunció otra que es preciso referir también, en la que dejó constancia que “el sujeto activo se legitima, salvo las excepciones que la ley de la materia contempla, por la coincidencia entre la persona que sufre el agravio y quien pide el amparo, pues consecuentemente tiene interés en el asunto […]” (Sentencia del 10 de mayo de 1989, expediente No. 51-89).

UN DAÑO DIRECTO JAMÁS ACREDITADO

En la sentencia de la CC, que provocó asombro y repulsa la semana pasada, el amparista (la Fundación Myrna Mack) jamás acreditó su legitimación activa, reduciéndose todo al ejercicio del derecho constitucional de petición. Pero, en este caso, como reza el refrán español: “para el vicio de pedir está la virtud de no dar”.

No se conocen las causas por las que el Tribunal Constitucional dio trámite a un amparo improcedente y lo concedió en definitiva mediante una monstruosidad destinada a poner “patas arriba” a la administración de justicia. Solo queda la imaginación. Lo cual no deja de ser peligroso, porque a la ineptitud y mediocridad de los magistrados del Tribunal Constitucional, hay que sumar lo que constituye una prueba indiciaria de “conspiración contra el propio orden constitucional”. Quizás en la búsqueda de un respaldo sui generis de las reformas constitucionales que encuentran precisamente en estos actos de ostentoso abuso judicial su propia negación. ¡¿Podría pensarse en alargar a nueve años el período de ejercicio de magistrados que son o incapaces o venales y que por esto no tienen nada que hacer en una alta Corte?!

La CC burdamente eludió en su sentencia de marras referirse al asunto elemental y primordial, que de paso descalifica entrar a formular consideraciones argumentales sobre el fondo, que devienen sencillamente inatingentes.

AGRAVIO Y EL PORQUÉ DE SU IMPORTANCIA

Por agravio comprendemos el “menoscabo y todo perjuicio infligido a la persona física o moral; mal causado que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material y apreciable objetivamente. Esto es que el daño que aduzca quien recurre a la tutela de protección, debe ser real; que, en efecto, haya detrimento de sus derechos e intereses.  Además, debe particularizarse en una persona determinada, es decir, concretarse en esta y no ser “abstracto o genérico”. La Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad (LAEPC) al inicio fija su objetivo:

ARTICULO 1°. OBJETO DE LA LEY

La presente ley tiene por objeto desarrollar las garantías y defensas del orden constitucional y de los derechos inherentes a la persona protegidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes y los convenios internacionales ratificados por Guatemala. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos, o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido, pero dicha violación establece debe ser provocada o dar lugar a la existencia de un agravio personal y directo.

En el pasado, formando parte de la llamada jurisprudencia, la Corte de Constitucionalidad ha establecido en reiteradas ocasiones que “si bien la ley constitucional de la materia determina la amplitud de la procedencia del amparo, ello queda sujeto a la vulneración de un derecho constitucional y a la existencia de un agravio, lo que aumenta el análisis de tales aspectos en el caso particular. Hay agravio cuando se causa un daño, es decir, un menoscabo patrimonial o no patrimonial, o un perjuicio en la persona o en su esfera jurídica, constituyendo lo anterior el elemento material. Concurre también en la configuración del agravio, el elemento jurídico, que es la forma, ocasión o manera como se causa el perjuicio mediante la violación de las garantías individuales. Siendo el agravio un elemento sine qua non para la procedencia del amparo, de no existir este, el mismo no puede proceder”.

(Continuará)

Lea la parte II:

Entre la ignorancia supina y una grotesca demencia: La carencia obscena del cacareado Estado de derecho

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