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Justicia: ¿independiente e imparcial o efectiva?

NUEVO
Por: Ignacio Andrade

La Reforma constitucional  abanderada por CICIG y el Ministerio Público  pretende modificar  la Constitución en la parte relativa a administración de Justicia.  La Reforma preconiza una administración de justicia independiente e imparcial,  y para lograrlo,  le otorgan al Organismo Judicial una autonomía absoluta,   que en el camino le otorga al Poder Judicial un poder sin balance ni cortapisa. El intento  de darle autonomía al Poder Judicial por medio de una autoridad nominadora via comisiones de postulación que actualmente está en vigor,  degeneró en la politización de las autoridades nominadoras,  las universidades por medio de sus decanos y rectores,  el colegio de abogados y los propios jueces y ha sido atacado como una corporativización de la justicia.

En los últimos meses,  una ola de señalamientos serios respecto de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones,  jueces de Primera Instancia y jueces de Paz,  algunos con antejuicios en proceso, o declarados con lugar, otros con condena en primera instancia  hacen ver un Organismo Judicial en crisis de credibilidad que deja pensar que la reforma es necesaria.  La falla actual del Organismo Judicial; sin embargo,  no es  solamente como se ha dicho. Que este Organismo pueda estar cooptado por la autoridad nominadora (comisiones de postulación) no significa que la solución es darle a una autoridad nominadora  diferente (Comision Nacional de Justicia) autoridad para  que escoja a sus integrantes y a un Congreso que por formalismo simplista apruebe la designación.

El remedio  propuesto por la Reforma Constitucional que se discutirá en el Congreso es peor que la enfermedad,  pues   se cree que el problema radica en la forma de designar magistrados,  cuando el problema fundamental es que no existe mecanismo legal que no sea el antejuicio para deshacerse de los malos jueces.  El sistema propuesto cree que la carrera judicial es el mejor antídoto en contra de la falta de imparcialidad e independencia de los jueces.  Sin embargo,  la Reforma Constitucional falla al no establecer los mecanismos, por los cuales los malos jueces no deben continuar en la carrera judicial.  Al proponer una autoridad permanente sin control externo  y con mayoría que proviene o se  nombre por medio de los propios jueces,  se crea el espejismo de que los propios jueces van a depurar por su propia voluntad a los malos elementos, lo que no es necesariamente cierto.

Las preguntas que debemos hacernos  son las siguientes: ¿Qué hace que un juez sea bueno y que otro sea malo? ¿Cómo se privilegia a los jueces buenos sobre los jueces malos? ¿Qué mecanismos tiene la reforma propuesta para deshacerse de los malos jueces y malos miembros de la Comisión Nacional de Justicia?   ¿Ante qué autoridad se hace un reclamo efectivo  contra un juez que no cumple con su trabajo?, ¿a quién se le reclama    por un juez que no está cumpliendo con su trabajo y cuyo reclamo sea efectivo? ¿Qué órgano fiscaliza al Organismo Judicial?  ¿Qué meritos provocan un avance en la carrera judicial?

La Reforma carece de una respuesta  a las anteriores preguntas y aún a la pregunta más sencilla que podemos hacernos: ¿Con la Reforma Constitucional,  en qué se va a mejorar un sistema de  elección,  promoción y crecimiento profesional  compuesto por los mejores y más justos,  menos veniales y más incorruptibles jueces?  La Reforma al sistema de justicia no contesta esta pregunta,  y por ello,  debemos buscar una respuesta mejor a esa pregunta y no embarcarnos en una reforma inútil y sin sentido.

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