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Siguen cayendo más exfuncionarios

editorial

Más exfuncionarios y exautoridades del gobierno del Partido Patriota fueron capturados ayer, en otro caso de corrupción que dieron a conocer las autoridades del Ministerio Público (MP). Esta vez, sobre una supuesta anomalía en el alquiler de carros blindados en el Ministerio de Gobernación durante dicho gobierno. En esta ocasión, las autoridades realizaron operativos para lograr la captura de  Manfredo Vinicio Pacheco Consuegra, exsegundo viceministro de Gobernación, y de Walter René Vásquez Cerón, exdirector general de la Policía Nacional Civil.

Además, se sospecha que también esté involucrado en este caso de corrupción el exministro del Interior, Mauricio López Bonilla. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, estarían involucrados en la suscripción de forma anómala de cinco contratos de arrendamiento de 47 vehículos, por un monto total de Q32 millones 700 mil, durante el  periodo comprendido de  2014 a 2015.Según la investigación de la Fiscalía contra la Corrupción, el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, cometió un acto ilegal al aprobar por medio de resoluciones ministeriales los términos de referencia de contratación, ofertas y los 5 contratos administrativos de arrendamiento de 47 vehículos blindados, para el uso de funcionarios de las diversas dependencias de la cartera del Interior.

Por este caso se realizará una solicitud de antejuicio en  contra de Anthony Giovanni Pivaral de León, exdirector general de Sistema Penitenciario, quien ahora funge como juez en el departamento de San Marcos. La otra denuncia sobre los arrendamientos de los vehículos se realizó el 1 de junio de 2016, el segundo fue del 12 de julio del mismo año, y el tercer caso denunciado fue del 10 de noviembre de 2016, explicó de forma general el MP. El  jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo, destacó que durante la investigación preliminar se realizó un análisis jurídico, en el cual se estableció que “los vehículos blindados no pueden incluirse en ningún rubro de maquinaria y equipo”.

En otro caso, la justicia también llegó a su etapa final para el exalcalde de San Agustín Acasaguastlán, El Progeso,  Daniel Ortega Morales, esto por no declarar en su totalidad los sus bienes patrimoniales y de sus familiares. El exjefe edilicio fue condenado por el delito de perjurio a una pena de dos años de prisión, conmutables a razón de Q10 diarios, más una multa de Q500. En el año 2012, cuando Ortega fungía como jefe edil de San Agustín Acasaguastlán,  presentó bajo juramento la declaración patrimonial correspondiente, sin embargo omitió declarar bienes dentro de la consignación, así como cuentas bancarias relacionadas a él y su familia, por tal motivo se le inició proceso penal. Los anteriores son tan solo  algunos más  de los interminables casos que evidencian la necesidad ingente porque la justicia se aplique de manera pronta en nuestro país. Sobre todo, porque dichos casos, una vez más, están relacionados con el mal uso del erario público y los cargos de autoridad pública, tanto a nivel local como a nivel nacional. Urge sentar precedente al respecto.

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