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PNC coordinará completamente el rol de seguridad

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Por: Juan Roberto Garrido

PNCEl Consejo Nacional de Seguridad autorizó el plan para que la Policía Nacional Civil (PNC) asuma completamente el rol de la seguridad de los ciudadanos, por lo que autorizó el retiro gradual de la participación militar en apoyo a la PNC para este cometido. Fue un proceso de planificación que inició formalmente con una mesa técnica interministerial en mayo de 2016. La base principal para la decisión final fue la confirmación del análisis y estudios que indicaron que las capacidades profesionales, técnicas, de investigación y equipamiento de la PNC son suficientes para tomar de manera completa los roles que le corresponden sin presencia militar en las calles. El siguiente paso fue que la PNC elaboró un estudio para analizar la incidencia criminal, determinando que únicamente necesitan del apoyo del Ejército en 30 municipios que corresponden a 5 departamentos: Guatemala, Escuintla, Chiquimula, Izabal y Petén.

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Las fases del plan

A partir de enero 2017, el Ejército distribuyó los escuadrones del Cuerpo Especial de Reservas para la Seguridad Ciudadana (Cersc), consistente en 4,400 elementos a los departamentos requeridos. La segunda fase, consistirá en que la mitad de este personal será retirada en abril de 2017 y se concentrarán en las zonas de frontera para cumplir misiones de defensa de soberanía e integridad del territorio junto con las unidades regulares de las brigadas militares de los departamentos fronterizos. A su vez, cumplirán misiones de rescate, ayuda humanitaria ante fenómenos de la naturaleza, cooperación integral e interinstitucional, patrullaje de la biósfera, recursos naturales e infraestructura crítica. Otra parte será asignada a funciones de apoyo a la Infantería de Marina, para que, desplegados a lo largo de la línea costera, contribuyan a la interdicción de embarcaciones que logren llegar al litoral marítimo guatemalteco.

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La tercera fase inicia en diciembre 2017, al retirar la totalidad de elementos de seguridad de las calles, dejando a la Policía el control de la seguridad ciudadana. La puesta en marcha de este plan ha generado diferentes pronunciamientos de la sociedad y algunas entidades desde el inicio de su ejecución; se argumenta que la seguridad que se percibe hoy es gracias a la presencia militar en las calles y con su retiro se  teme un repunte de la violencia. Sin embargo, a este respecto es conveniente considerar dos aspectos.

El primero es que la PNC ha venido trabajando un proceso de modernización y profesionalización de varios años. A la fecha sus capacidades de investigación y prevención del delito, ofrecen resultados mucho más concretos, especialmente en los casos de alto impacto donde se ha observado la pronta captura de responsables en hechos delictivos. La PNC reemplazará las mismas cantidades de elementos militares de seguridad ciudadana que sean retirados, para que no existan vacíos que provoquen algún repunte delincuencia. El segundo aspecto a considerar es que la presencia militar no se está retirando completamente, sino que fue reubicada en su primera fase y empezará a disminuir a partir de abril 2017. Las actividades militares de seguridad ciudadana continuarán, pero bajo la conducción de la PNC, a donde todas las entidades y sociedad en general podrán canalizar sus requerimientos de presencia para seguridad, pero ya no directamente a los destacamentos militares.

PNCOrdenar los roles policiales y del Ejército traerá consigo el incremento de los niveles de seguridad ciudadana, dado que permite una mejor coordinación interinstitucional. Por ejemplo: Buena parte de la delincuencia en el territorio se debe al tráfico de droga hacia el norte o venta al menudeo, provocando luchas por ese mercado ilícito o luchas territoriales entre bandas o pandillas que a eso se dedican. Fortaleciendo las capacidades navales de la Marina de la Defensa Nacional se aumentara la posibilidad de interceptación de droga en el mar. De esta forma, la droga ya no llega a los barrios o lugares de tráfico terrestre, donde la PNC está a cargo, disminuyendo hechos de violencia y secundado con esfuerzos para prevención del delito.

Por otro lado las capacidades para el control del espacio aéreo se han incrementado con la instalación de radares primarios a cargo de la Fuerza Aérea Guatemalteca, en coordinación con la Dirección General de Aeronáutica Civil. De esta forma se evita, usando el mismo ejemplo, que vuelos ilícitos con droga penetren el espacio aéreo. La gestión de este teatro para la seguridad se logra cuando una fuerza militar terrestre en la frontera, equipada adecuadamente y una PNC profesionalizada y modernizada en el interior, interactúan intercambiando información con las fuerzas de mar y aire para contrarrestar amenazas como la de nuestro ejemplo.

De esta manera, retomar los roles correspondientes de cada institución, orientados y coordinados por una Política de Seguridad de la Nación, que asigne a las instituciones de seguridad el presupuesto adecuado, según el tipo de resultados en seguridad que el Congreso de la República requiera -dado que es el organismo que aprobará dicho presupuesto- permitirá el nivel de seguridad que alcance o mantenga el desarrollo deseado para el país, en el cual las autoridades en coordinación con el Ministerio Público, pondrán a disposición del Organismo Judicial a todos aquellos ciudadanos que cometan ilícitos. Esa es la importancia de que cada entidad tome su propio rol, como ya lo ha marcado el inicio este plan para la reducción de la participación militar en seguridad ciudadana. Otro tema que queda pendiente es la participación militar en el apoyo a la seguridad perimétrica de los centros de detención del Sistema Penitenciario (SP), la cual continuará por medio de elementos de seguridad ciudadana hasta que el SP termine su proceso de modernización.

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