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Gobernantes y gobernados deben actuar con estricto apego a Derecho, dice el Preámbulo Constitucional. Ello justifica reflexionar y atender la tesis del jurista José María Ruiz Soroa, en cuanto a que: “No arreglamos nada pidiendo que no se judicialice la política; equivale a pedir que deje de aplicarse la norma al gusto del gobernante”. Sin embargo, es preciso reconocer que: “Las relaciones entre los ámbitos respectivos del Derecho (los jueces) y la Política (la discusión) no son fáciles de trazar. Baste observar, como prueba de ello, la rapidez con que, ante una situación conflictiva particular se instauran rápidamente en la opinión pública dos tesis contrapuestas: la de que las normas que deben aplicarse incluso contra la voluntad de los actores políticos, o la de que en ciertos casos las normas deben ceder ante la política.

Ambas tesis se visten a nivel discursivo con el ropaje argumentativo de la calificada como “judicialización de la política”, aunque esta forma de plantearlas no sea muy esclarecedora. […] Porque quienes reclaman que un problema […] no se judicialice, están implícitamente solicitando que el Derecho se exceptúe a sí mismo en ciertos casos, y se permita a las instituciones políticas actuar libremente contra la ley. Pero, ¿quién y cómo decidiría si hay que hacer excepciones al Derecho, y cuándo habría que hacerlas? ¿No es precisamente la ley la que establece incluso sus excepciones?” (Derecho y política, El País, 17.01.17).

“La Política y el Derecho -sigue diciendo- son dos esferas autónomas de acción social humana (Weber dixit), que responden a principios epistemológicos y constitutivos diversos (aunque no opuestos) y que deben mantener su separación cuidadosa en una democracia constitucional, sin inmiscuirse indebidamente” ya que “entre estas dos esferas de actuación existe una relación muy particular, existe una orden serial o lexicográfico. Es decir, que están ordenadas entre sí de manera que es el orden jurídico el que establece el suelo mínimo de la política, y que por ello esta solo puede entrar a jugar allí donde el Derecho se lo permite. Y no al revés. La demoprotección es previa a la demoparticipación (Sartori).”

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