Home > Columnas > La sangrienta respuesta represiva

La sangrienta respuesta represiva

luis-linares

Ante el desafío de la insurgencia guerrillera la respuesta del Estado, particularmente del Ejército, que desde la Revolución de Octubre gozaba de gran autonomía ante el poder presidencial, fue sanguinaria y desproporcionada. La tradición represiva del Ejército y la Policía se remonta a la época liberal, alcanzando niveles extremos durante las dictaduras de Estrada Cabrera y Ubico. La Policía Nacional, especialmente su sección secreta —la policía judicial en los años 50 y 60— era particularmente efectiva como instrumento de dominación y control, incluso sobre militares sospechosos de fraguar asonadas.

.

Un informe del FBI, citado por Piero Gleijeses —Esperanza rota (2005: 13)— afirma que la policía ubiquista “tenía fama de ser una de las (…) más eficientes y sigilosas de América Latina”. La tortura, llevada a extremos de sadismo, era práctica usual para obtener información, como refiere Efraín de los Ríos en “Ombres contra Hombres”, obra muy popular a mediados del siglo XX.

“Uno de los principales desafíos vino de parte de la guerrilla cuando secuestraba altos funcionarios.”

Allá por los 60 era famosa y temida la “Tigrera”, un túnel abovedado en el Primer Cuerpo de la policía, donde los detenidos eran sometidos a tormento, con toques eléctricos, la capucha de “gamexán” (un potente y peligroso insecticida) o inmersiones en una pila de agua putrefacta. Así que la respuesta ante los “delincuentes terroristas” estuvo en línea con las prácticas usuales de las fuerzas de seguridad. Como sucedió antes en casos de represión, la violación sistemática y premeditada del marco jurídico vigente en la lucha contra los alzados, le hizo perder legitimidad.

La Constitución de 1965, igual que la de 1956, reconocía un amplio pliego de garantías para los detenidos (Art. 46 y 51) y prohibía todo tipo de tortura (Art. 55). Cierto es que la Ley de Orden Público permitía dejar en suspenso muchas de las garantías constitucionales, pero no facultaba ajusticiar sin juicio previo. Y, que yo recuerde, durante el gobierno de Lucas García, cuando la violencia y el terror estatal alcanzaron su máxima expresión, nunca hubo suspensión de garantías. Pero aún si la Constitución no contemplara las mínimas protecciones a los derechos humanos, Guatemala ratificó en 1952 el Convenio de Ginebra sobre el trato debido a prisioneros de guerra.

En conclusión, había un marco jurídico que la autoridad debía respetar, por muy grande que fuera el desafío y por muchos crímenes que cometieran los guerrilleros. Uno de los principales desafíos vino de parte de la guerrilla cuando secuestraba altos funcionarios para rescatar cuadros y dirigentes capturados por las fuerzas de seguridad. Obviamente ello presentaba una enorme complicación. Si se reconocía la captura, inmediatamente podía producirse un secuestro. Pero esa dificultad no justificaba en modo alguno la tortura y el inmediato asesinato de los prisioneros.

Mi querido amigo, el embajador Luis Alberto Padilla, refería que, con ocasión del secuestro de Aldo Moro, el gran líder de la Democracia Cristiana italiana, la policía capturó a supuestos miembros de las Brigadas Rojas y alguien propuso torturarlos, para sacarles información sobre el lugar de cautiverio y montar una operación de rescate. El gobierno rechazó tajantemente la idea, aduciendo que la lucha contra los brigadistas debía realizarse dentro del marco legal, pues en caso contrario las autoridades devendrían en delincuentes y carecerían de respaldo moral. Un documento de AVEMILGUA, citado por Belhold Molden (2014: 73) en “Políticas sobre la historia en Guatemala”, trata de justificar las atrocidades afirmando que “la responsabilidad mayor es de los que actuaron fuera de la ley y no de los que enmarcan su accionar en la preservación de la misma”.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) atribuyó al Estado el 93% de los delitos cometidos durante el conflicto y el 3% a la guerrilla. Pero si hubiera sido a la inversa habría suficiente motivo para condenar la actuación de las fuerzas de seguridad. Menos pueden justificarse el asesinato o la desaparición de quienes eran sospechosos de colaborar con la guerrilla o denunciaban las violaciones a los derechos humanos.Y menos aún la bestial política de tierra arrasada, para quitarle el agua al pez (continuaremos).

.
.

Leave a Reply