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Siglo21digital del miércoles 18 de enero, informó sobre una balacera y una persona fallecida durante la protesta social contra la construcción de la hidroeléctrica Pojom ubicada en el municipio de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango. Una zona habitada por población chuj y q’anjob’al. Versiones posteriores indican que la protesta pacífica de los pobladores fue interrumpida por desconocidos armados que salieron de los matorrales y comenzaron a disparar en contra de la multitud y de agentes estatales de seguridad que se encontraban en las cercanías.

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Los criminales prendieron fuego a la maquinaria de la empresa que construye la hidroeléctrica y dieron muerte a Sebastián Alonso Juan, de 72 años, de la comunidad de Yulchen. Las versiones de prensa iniciales adjudican los desórdenes a la protesta comunitaria, pero lo cierto es que la población solo ha ejercido derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Han realizado gestiones políticas y administrativas, denuncias públicas y movilizaciones pacíficas desde hace varios años. La violencia es ajena a sus acciones.

“Estas comunidades han sido olvidadas por el Estado desde siempre, sometidas a procesos de empobrecimiento.”

El origen de la protesta social en San Mateo Ixtatán ha sido la implantación de ese emprendimiento de energía hidroeléctrica sin haber consultado y obtenido el consentimiento de la población, al tenor de lo establecido por el Convenio 169 de la OIT que fue aprobado y ratificado por el Estado de Guatemala. No es una oposición social caprichosa. Es en defensa del lugar y la naturaleza por las graves implicaciones sociales y ecológicas de los trabajos realizados por la empresa, así como por el hecho de hacer caso omiso de lo establecido en materia de consulta a los pueblos indígenas, irrespeto consentido por la autoridad estatal.

En lo sucedido se evidencia una intención de sofocar la protesta social en forma violenta, sembrar el miedo, confundir a la opinión pública y poner en tela de duda el carácter pacífico de las acciones comunitarias. De esa manera se justificaría la continuación de la criminalización de pobladores que solo reclaman reconocimiento como pueblos indígenas y el respeto a las pocas instituciones que admiten el derecho de definir su propio destino y el de su territorio.

Estas comunidades han sido olvidadas por el Estado desde siempre, sometidas a procesos de empobrecimiento, a sobrevivir como puedan y sin oportunidades de acceso con dignidad a satisfactores que mejoren sus condiciones de vida. Los poderes externos solo han llegado con intenciones de despojo. Es lo que obligó a esos pueblos originarios a mantener y desarrollar su identidad, las formas propias de espiritualidad, de relacionamiento con la naturaleza y de organización social. La violencia en contra de la población de San Mateo Ixtatán refleja una concepción distorsionada del desarrollo. El Estado y las empresas involucradas olvidan que los comunitarios son sujetos y protagonistas del progreso y no enemigos por combatir. No son instigadores, solo se defienden.

 

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