El Siglo

Cacif pide reglamentación para Convenio 169 de OIT

Por: Pablo García

Debido a fallos altamente cuestionados tanto de la Corte Suprema de Justicia, como de la Corte de Constitucionalidad, la cúpula del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), solicitó públicamente a los tres poderes del Estado de Guatemala, que crearan una reglamentación del Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para poder crear certeza jurídica, en lo que concierne, las consultas comunitarias a proyectos empresariales e industriales en Guatemala.

La reacción del gremio organizado en el Cacif, se dio tras una serie de decisiones de las cortes del país que establecen la realización de consultas comunitarias retroactivas sobre proyectos de energía eléctrica que llevan hasta 20 años de inversión. José González-Campo, presidente del Cacif, afirmó que “durante 20 años el Estado ha incumplido sobre el establecimiento de reglamentación de consultas a pueblos indígenas, lo que hace imposible su aplicación”.

SOBRE CONVENIO 169

Dicho instrumento garantiza los derechos indígenas y tribales, reconociendo su derecho a la tierra, al territorio,  salud y  educación. Guatemala lo ratificó en 1996, sin embargo, a la fecha no se ha creado un reglamento que permita su aplicabilidad.

La razón por la que el Cacif está muy preocupado, es que grupos medioambientalistas, ya llevan cerrando dos proyectos mineros, y pusieron un proyecto dual, hidroeléctrico en suspenso (caso Oxec y Oxec II), y de seguir las cortes con fallos en este sentido, tanto la industria minera como la generación eléctrica, y gran parte de la inversión nacional e internacional, se verá altamente perjudicada por no haber certeza jurídica en lo que respecta al artículo 6, del Convenio 169 de la OIT.

El Artículo 6 dice: “1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a)  consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b)  establecer los medios, a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; c)  establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” .

MINERÍAS E HIDROELÉCTRICAS EN LA MIRA

Los empresarios e inversionistas de estos grandes proyectos están muy preocupados. Porque los procesos para autorizar los proyectos de minería o hidroeléctricas en el país lleva muchos años, estudios previos y fuertes cantidades de dinero invertido, para que luego de que finalmente estén en operación venga alguna persona, a frenar los proyectos. En especial los que han sido frenados, que a la fecha habían cumplido con todos y cada uno de los requisitos legales, consultas comunitarias organizadas por el Ministerio de Energía y Minas e incluso, apoyan a las comunidades con centros de salud, áreas educativas y deportivas entre otras.

Indicó al respecto, el presidente del Cacif, González-Campo, cuando hizo un llamado a las cortes también a proteger los derechos de los inversionistas que han realizados proyectos avalados por la legislación guatemalteca vigente. “Exigimos al Estado por medio de sus tres poderes, que reglamente de una forma pronta, adecuada y positiva las consultas del Convenio 169 de la OIT”, agregó.

También explicó González-Campo, en lo que concierne a los proyectos hidroeléctricos, que, en los últimos 20 años, la cobertura de energía eléctrica superó el 95% aquí en Guatemala, reduciéndose además el costo hasta en 40 puntos porcentuales durante esas dos décadas, situación que se pone en riesgo al detener inversiones del sector eléctrico. También es importante resaltar que la matriz energética ahora, es menos dependiente de consumo de gasolinas y carbones, que le hacen un daño adicional al medioambiente, por vía del calentamiento global, ya que las hidroeléctricas, son consideradas energías renovables y amigables al medioambiente.

La mayoría de procesos judiciales y conflictos, se han dado en comunidades, en los departamentos de Alta Verapaz y Quiché, por lo que Cacif, solicitó que también se reconozcan los procesos de diálogo, que se realizaron anteriormente para cumplir con todos los requisitos legales, y así respetar la certeza legal de las inversiones que hasta el momento han sido realizadas.

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