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Beneficios de las reformas constitucionales

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La forma perversa en que eligen a los magistrados del Organismo Judicial, ha sido el pecado original y fuente de todos los males del andamiaje actual en el que se basa la justicia en Guatemala, porque solo garantiza impunidad. La semana recién pasada, con las acciones del MP-CICIG se reveló la verdad de los métodos utilizados en la selección de magistrados y todas las negociaciones que se dan bajo la mesa para llevar a personajes seleccionados a dedazo por esas estructuras de poder, que les serán útiles al momento de tomar alguna decisión judicial concerniente a sus intereses, que con el lema “favor con favor se paga” se garantizan protección y arbitrariedad.

“Las reformas constitucionales al sector justicia permitirán cumplir el deber del estado  de prevenir influencias ilegales actuales.”

La desviación del sistema actual solo puede corregirse con la aprobación de las reformas constitucionales al sector justicia, que se encuentran en el Congreso de la República, y que el nuevo presidente de ese organismo, Óscar Chinchilla, en su discurso de toma de posesión, se comprometió a impulsarlas este año. Esa aprobación es la oportunidad de devolver la credibilidad a la justicia ante la ciudadanía y permitirá derribar uno de los bastiones de prerrogativas del sector político y estos poderes fácticos para corromper la justicia.

Las reformas al sector justicia, luego de corregir los aspectos negativos, permitirán una justicia independiente y su fortalecimiento para que no se doblegue con dádivas o recompensa de favores políticos, sino que prevalezca la auténtica imparcialidad. Uno de los cambios será eliminar las famosas comisiones de postulación, que solo mal le han ocasionado a este sistema.

Como opina Rolando Vega, de la Comisión Iberoamericana para la Calidad de la Justicia, “para que la justicia sea definida como independiente en un país, debe reunir tres características básicas: no debe ser política, es decir, no depender de los gobiernos de turno; no tener intereses externos financieros que la presionen; y contar con jueces independientes que solo obedezcan a la Constitución y las leyes”.

Poseer jueces independientes, es un derecho humano fundamental de la persona. El juez independiente es el que está obligado a juzgar “únicamente conforme a -y movido por- el derecho”. Por ello las autoridades políticas o públicas deben abstenerse de ejercer injerencias indebidas, ya sea en el Poder Judicial o en el juez. La garantía del derecho fundamental, consiste en prevenir dichas injerencias y en investigar y sancionar a quienes las cometan.

Las reformas constitucionales al sector justicia permitirán cumplir el deber del Estado de prevenir influencias ilegales actuales, y crearán un marco normativo que asegure una verdadera carrera judicial, un adecuado nombramiento de magistrados, inamovilidad judicial e inmunidad contra presiones externas. Con estas reformas se podrá poner fin a distintas tácticas de incidencia contra decisiones judiciales y el uso de cualquier mecanismo de presión e influencia extralegales. Exijamos al Congreso su aprobación…

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