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Crisis de credibilidad institucional

victor-ferrigno

La concertación y la credibilidad son dos de las piedras basales de la gobernabilidad democrática. Las instituciones se legitiman cuando se construyen sobre la base del consenso ciudadano y, gracias a sus ejecutorias, gozan de credibilidad, lo cual no sucede en Guatemala. Sufrimos una nueva crisis de credibilidad institucional. La prensa, la banca y la ley han sido manchadas por el estigma de la corrupción y la trampa. La confianza pública es vital para estas tres instituciones republicanas, pues sin esa credibilidad no pueden funcionar.

Las dos principales cadenas de radio y televisión -abierta y por cable- están bajo escrutinio judicial, pues sus dueños están sujetos a procesos penales por diferentes delitos. Albavisión, de Ángel González, controla los tres canales de televisión abierta y el holding de radios que operan bajo el nombre de Radio Sonora. Por otro lado, la familia Archila es propietaria del  grupo de Emisoras Unidas, Canal Antigua, Publinews y la revista Contra Poder, cuyo director y varios periodistas  acaban de renunciar del medio, por “conflictos de interés” con los dueños.La credibilidad de ambos  consorcios está en cuestión, pues los procesos judiciales están demostrando que son empresas mediáticas cuyos propietarios se enriquecieron ilícitamente.

El asunto no es para menos, pues controlan la mitad de las radios del país y todos los canales de televisión abierta, incidiendo significativamente en la opinión ciudadana y en el voto. La banca es una de las instituciones más dependientes de la credibilidad ciudadana; incluso es punible generar pánico financiero, al poner en duda la estabilidad de un banco. En los últimos meses, Banrural y G&T, el primer y el tercer banco del país, han sufrido la persecución de sus directivos, sindicados de diferentes ilícitos. Igualmente sucedió con el Banco de los Trabajadores. Aunque los procesos penales no afectaron la estabilidad financiera de las entidades de crédito, si erosionaron su confiabilidad, lo cual es grave para la economía nacional, pues podría generarse una corrida bancaria, que desestabilice el sistema financiero, el cual tendría que ser rescatado con fondos de los contribuyentes.

Después del Congreso, el sistema de administración de justicia es la institucionalidad con mayor crisis de credibilidad, acusando un índice de impunidad mayor al 91%, según el sistema de medición implementado por la CICIG y el MP. Según este sistema de medición, la impunidad disminuyó 7.82% del 2008 a la fecha, lo cual pareciera un dato positivo. Sin embargo, a ese ritmo tardaríamos casi 20 años en alcanzar los niveles promedio de América Latina, con un 74% de impunidad, según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; nos llevaría 44 años alcanzar el nivel de Asia (52%) y 83 años el de Europa, cuyos índices de impunidad son de 19% por ciento, los más bajos del mundo.

Blanca Stalling es la tercera magistrada de la actual Corte Suprema de Justicia en ser procesada, lo cual, junto a la acusación del magistrado Eddy Orellana, pone en total cuestión a la actual CSJ, pues a Orellana se le sindica de coludirse con el crimen organizado para postular a cinco magistrados integrantes de la más alta Corte del país. Por todo ello es urgente la reforma constitucional del sector justicia y, ante todo, la reactivación de un movimiento ciudadano contra la impunidad, que fiscalice y promueva una profunda transformación del Estado. Todas estas lacras son producto de nuestra apatía ciudadana; ya es hora de ponernos de pie y construir un futuro creíble, con verdad y justicia para todos.

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