Home > Columnas > Seguridad y derechos humanos
david-martinez

Causa cierta curiosidad la noticia sobre la nueva reforma de seguridad que toma lugar en México. Curiosidad sobre la prontitud con la cual la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión quiere aprobarla (febrero próximo a más tardar) así cómo, el contenido. ¿Qué podría ser tan urgente para que más de 500 diputados se pongan de acuerdo con algo? La nueva reforma que se aprobará con tal urgencia pretende dotar de base legal para que el ejército mexicano pueda llevar a cabo tareas de seguridad ciudadana. ¿Y entonces los 10 años de guerra abierta contra el narcotráfico en que están basados? En aire. La Constitución mexicana de 1917 (que ahora cumple 100 años) no posee ningún artículo específico que legitime con claridad que el ejército sea el garante de la seguridad interna (situación, por ejemplo, que sí existe en la Constitución guatemalteca).

Lo que la Constitución mexicana establece es que ante un hecho que amenace la soberanía nacional (de carácter externo) el ejército puede hacerse presente en el espacio público y por tiempo limitado. Lo anterior es también congruente con el Libro Blanco de Defensa mexicano (año 2005) que en su título II capítulo V establece las relaciones entre Política de Defensa y Política Militar. Lo que sucede, en realidad, es que nadie pensó que en pleno siglo XXI el país tuviera que echar mano del estamento de defensa para desarrollar una guerra, y contra un enemigo interno (lo que contradice toda la lógica del doctrina militar). La decisión personal del expresidente Calderón por sacar a los militares fue una decisión prerrogativa del Ejecutivo justificada en la gravedad de una amenaza no extranjera.

El debate sobre la presencia de los militares en el espacio público para llevar a cabo tareas de seguridad es un debate regional. Lo tiene México, lo tiene Centroamérica y lo tiene Argentina. Pero todos los países que pasen por ese debate tienen que poder discutir a profundidad al menos dos aspectos fundamentales (cosa que no hizo México en 2006 y ahora lo hace a la carrera).1) La doctrina militar no está diseñada para lidiar con la sociedad civil. 2) Acercar el ejército a las amenazas asimétricas (el narcotráfico) solo es una forma de asegurar la corrupción de la institución. El general Salvador Cienfuegos Zepeda, General de División titular de la Secretaría de la Defensa Mexicana expresó a todo pulmón que el ejército está cansado y desgastado.

En efecto, no es tarea del ejército estar en la calle persiguiendo delincuentes, tratando de distinguir quién es civil y quién es objetivo legítimo. Y habría que decir, que la experiencia mexicana demuestra lo poco útil que resulta el ejército en estas tareas. La doctrina militar de defensa tiene un elemento estructural: contener la amenaza, destruir la amenaza y apropiarse -si es posible- de los insumos del objetivo neutralizado. ¿Tienen cabida en esta lógica los DD.HH.? Se ha intentado capacitar a los ejércitos regionales en esta materia. La experiencia mexicana es aterradora. El informe de Human RightsWatch referente a México no refiere a decenas, ni cientos sino miles de denuncias de violaciones a Derechos Humanos. las cuales incluyen tortura y desaparición forzada. La cereza de este pastel de sangre es Ayotzinapa. México hoy tiene una radiografía política que asemeja la Centroamérica de los años ochenta.

Esta discusión es fundamental. México tendrá que plantear los límites legales al accionar del ejército. Sin embargo, Guatemala se encuentra en una posición más avanzada discutiendo la posibilidad de retirar al Ejército de tareas tan banales (como patrullar calles). Pero también hay que discutir la necesidad de comenzar a empoderar con seriedad las instituciones de seguridad civil.

.
.

Leave a Reply