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Nuevamente el debate sobre independencia judicial

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Por: Fernando A. Marín

La independencia judicial es un principio elemental para la impartición de justicia. El artículo 203 de la Constitución Política de la República señala en su parte conducente que “Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las

leyes. A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público.” Lo que quiere decir que atentar contra este principio es un delito penado por la ley. En el contexto actual, en el cual se está promoviendo una cultura de transparencia y anticorrupción, es necesario mantener y fortalecer la independencia judicial, ya que la justicia es un elemento esencial en el Estado de derecho.

“La independencia judicial guarda consonancia con la división de poderes.”

Los jueces deben tener la capacidad de poder resolver sobre los asuntos que se ponen a su conocimiento de forma técnica y con base en los elementos de convicción que presenten las partes interesadas, en estricto apego a las leyes y los procedimientos preestablecidos. La judicatura guarda una vital importancia en el mantenimiento del Estado del derecho. Por su parte los jueces deben ser celosos en que se mantenga dicha independencia.

La independencia judicial puede verse desde dos perspectivas, al menos. La primera que guarda consonancia con la división de poderes, en este sentido a los Organismos Ejecutivo y Legislativo se les prohíbe mantener injerencias sobre el Organismo Judicial; en general, ninguna entidad del Estado debiera tratar de tener injerencia sobre este. Una segunda, que se refiere a que cada uno de los jueces es independiente, así como su función jurisdiccional; por lo tanto, ningún particular o grupo de particulares, ni funcionario o empleado público puede realizar acciones que lo menoscaben, así como es deber del juez no permitirlo.

Toda acción atente contra la independencia del juez debe ser repudiada, no solo por el gremio de los jueces, magistrados y abogados, sino por la población en general. El Estado tiene la obligación de garantizar la justicia y por eso que los ciudadanos seamos defensores de este principio es fundamental. Las recientes revelaciones sobre magistrados de la Sala de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia denotan que sigue existiendo personas dentro del Organismo Judicial que no están comprometidas con el deber de justicia, sino anteponen intereses personales, lo cual no podemos seguir permitiendo que suceda. El fin del Estado es la realización del bien común y no del interés particular, con esta idea deben ejercitar la función pública y la judicatura

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