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Acuerdos que no deben recuerdos

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Cuando, con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, concluyeron las prolongadas negociaciones para dar término al enfrentamiento armado que afectó a Guatemala durante más de tres décadas, existía entre la mayoría de sectores de la sociedad guatemalteca la convicción sobre que dichos acuerdos constituían una agenda integral orientada a superar las causas del enfrentamiento y sentar las bases de un nuevo desarrollo, como reza el cuarto considerando del Acuerdo de Paz Firme y Duradera. Cierto es que los acuerdos no fueron producto de un proceso de amplia y equitativa participación, en pie de igualdad, con los sectores más representativos de la sociedad guatemalteca. Se trataba en primer lugar de poner fin al conflicto y para ello debían sentarse las dos partes involucradas en el mismo.

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Fue oportuno que, para alcanzar la paz, no se negociara únicamente el fin de las hostilidades y la incorporación de la guerrilla a la vida nacional, como sucedió en procesos similares en otros países. Desde el Acuerdo de México (1991), y teniendo presente el Acuerdo de Esquipulas II (1987), el gobierno y la guerrilla convinieron en un temario que incluía temas sustantivos vinculados con la instauración democrática y el desarrollo socioeconómico. A pesar de que hubo procesos de consulta con diversos sectores y que se estableció una asamblea de la sociedad civil, los opositores al proceso de paz, desde el lado de la extrema derecha, argumentaban que los acuerdos carecían de legitimidad, pues la URNG no podía arrogarse la representación de todos los guatemaltecos. Desde el lado de la extrema izquierda se afirmaba que la guerrilla había declinado sus reivindicaciones históricas, especialmente la reforma agraria.

“Caímos en una espiral de corrupción, se incrementó la pobreza, se mantiene la elevada desigualdad.”

Pero tanto en la forma como en el fondo era cuestión de pragmatismo. Convocando a todos los sectores que podían considerarse representativos el proceso se habría prolongado excesivamente y muchos se abrían retirado en el camino, al ver que no podían imponer sus puntos de vista. Era imposible satisfacer a todos. Desde el lado de la extrema derecha también se arguye que hubo demasiada concesión a una guerrilla que carecía de opciones militares – ya había perdido la guerra – pero no cabe duda que la mayor oposición deriva de que se dejara abierta la posibilidad de acciones judiciales contra quienes incurrieron en los delitos exceptuados por la Ley de Reconciliación Nacional.

La conmemoración de la firma del acuerdo final – el 29 de diciembre – revistió mayor relevancia que la de años anteriores. Estuve fuera de Guatemala en esos días pero, como comentábamos con la estimada amiga Claudia Fajardo, de Emisoras Unidas, la conmemoración fue solamente de la firma de la paz. No pasó del recuerdo de una efemérides. Faltó lo más importante. Renovar el compromiso con la agenda de la paz. Los acuerdos, es necesario enfatizarlo, fueron reconocidos – en la Ley Marco de los Acuerdos de Paz de 2005 – como compromisos de Estado.

Están pendientes de ser implementados aspectos sustantivos considerados en los acuerdos, como el fortalecimiento del sistema de justicia; la modernización de la administración pública, para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones indeclinables relacionadas con la superación de las iniquidades; la profesionalización de los servidores públicos; el impulso al desarrollo rural; el fortalecimiento de los ingresos fiscales; la progresividad del sistema tributario y la mejora del gasto público, orientándolo a la prestación de servicios de los servicios sociales e infraestructura básica; el cumplimiento de la legislación laboral; los derechos de los pueblos indígenas; entre otros.

A lo largo de los 20 años transcurridos desde la firma de la paz, caímos en una espiral de corrupción, se incrementó la pobreza, se mantiene la elevada desigualdad, el crecimiento económico se estancó y la inseguridad es mayor que a finales del pasado siglo. Hay logros en algunos rubros, que son meritorios, pero limitados. No hay avances significativos en la solución de los problemas estructurales del país que, afirman muchos, se encuentran entre las causas principales del enfrentamiento armado. Esto lo considero discutible, pero ello no es obstáculo para que sean parte de la agenda de la paz.

 

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