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Un Congreso sin plazas fantasmas

editorial

El pasado año 2016 se caracterizó, entre otros hechos,  por la investigación realizada por el Ministerio Público (MP) y la CICIG en el Congreso de la República y después de la misma salió a luz la corrupción  en el Legislativo, respecto a la gran cantidad de plazas fantasmas, donde estuvieron involucrados básicamente los presidentes de algunas juntas directivas. Ayer se anunció que se renovarán 450 puestos de trabajo y pareciera que por fin va a terminar la corrupción en este organismo, el cual no ha tenido la aceptación  de la población, no solo por la inoperancia del mismo, sino también por los muchos millones que le cuesta al pueblo.

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El año pasado se  capturó  a tres exdiputados del Congreso y presentaron siete solicitudes de antejuicio contra igual número de parlamentarios, por la presunta comisión de delitos a través de la contratación excesiva e innecesaria de personal y la creación de plazas fantasmas en ese organismo. Según lo presentado en esa oportunidad por las autoridades, a  los tres exdiputados se les imputan los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción. Entre ellos estaban los parlamentarios Edgar Romeo Cristiani y Alfredo Augusto Rabbé, más el exdirector del Congreso, Luis Mijangos. Asimismo, el MP presentó la solicitud de levantar la inmunidad para que fueran investigados los diputados Luis Armando Rabbé, Arístides Crespo Villegas, Julio César López Villatoro, Selvin Boanerges García Velásquez, César Emilio Fajardo Morales, Manuel Marcelino García Chutá y Carlos Enrique López Girón. 

La investigación que desarrolló  el MP y la CICIG establece que los miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República, en el período 2014 y 2015, realizaron un gran número de contrataciones que al menor escrutinio presentan una serie de irregularidades evidentes e ilegales. Esta forma de contratación irregular de personal para los miembros de la Junta Directiva se convirtió en una práctica habitual y aceptada a pesar de su evidente ilegalidad, no solo por el completo irrespeto a las formas del proceso de contratación, sino por la no asistencia a trabajar de las personas contratadas en la sede del Congreso, lugar asignado para la prestación del servicio.

La investigación pudo determinar que varias de las personas asignadas a cada diputado no se presentaron a laborar a la sede del Congreso, ya que realmente prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado o para empresas privadas de diversa índole, o incluso para empresas propiedad de los propios diputados.

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