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ricardo-mendez-ruiz

Son ríos de muchos millones de galones de tinta, los que han corrido en la discusión acerca de dónde debe terminar la libertad de expresión. Para mí, se reduce a un asunto muy sencillo: debe terminar en donde comienza a trastrabillar la verdad.
Pero vivimos en una época de excesos, en donde los límites parecen no tener límite y los temas  de la verdad y la mentira pasaron a ser asuntos difusos, por lo que es sano que se sepa quién es responsable de qué cosas en lo que respecta a la prensa. Por ello, la propuesta que Siglo.21 lanzó al ruedo en su editorial del 31 de diciembre, en cuanto a que los ciudadanos tienen derecho a saber a quiénes pertenecen los medios de comunicación en Guatemala, es muy pertinente. Y es que si bien por lo general se trata de empresas privadas, la información es un bien público.

Ya en el editorial de marras Siglo.21 dio a saber quiénes son sus propietarios, predicando así con el ejemplo. Ahora es el turno de los otros medios de comunicación de hacer lo propio, como una señal de respeto mínimo a quienes se preocupan por leer, escuchar y ver noticias, y además leen editoriales y columnas de opinión.
Si bien hay casos evidentes al respecto de quiénes son dueños de algunos medios, como sucede con  los jesuitas y su ultraizquierdista Plaza Pública –desde donde continúan la guerra en la que ya una vez fueron derrotados en el enfrentamiento armado interno-, la mayoría de medios conserva una nebulosa al respecto de sus verdaderos propietarios. Me refiero a los verdaderos, no a fantoches que ostentan cargos como el de presidente de junta directiva, cuando en la práctica son simples mandaderos o, por qué no decirlo, testaferros.

Que si Mario López compró buena parte de la prensa, que si los Gutiérrez son ahora fuertes accionistas de emisoras, que por qué Carmelo se dispara en el pie -y en los juanetes de todo el sector productivo- financiando a un vago, que si Baldetti adquirió el Siglo.21, que cuántas acciones del peladero tienen Sandra, Baldizón, Sinibaldi y Alejos, que la revista no les pertenece a los palmeros, mineros y azucareros pero la patrocinan, y anunciándose en ella parecen un catálogo de potenciales víctimas de la CICIG pagando chantaje, y así un largo etcétera que merece ser aclarado. Guatemala atraviesa una cruda etapa de maduración a la fuerza, y el pueblo tiene derecho a saber, pero a saber bien, sin agendas ocultas y retorcidas, que tienen como consecuencia la multiplicación de desinformación en las redes sociales.

El mundo entero acaba de recibir una gran muestra de falta de honestidad en los medios de comunicación, a través de las recientes elecciones presidenciales en los Estados Unidos, en las que buena parte de la prensa jugó a la desinformación y terminó perdiendo la partida. Una gran lección para Guatemala, en donde la prensa desempeña un papel vital en el sistema de pesos y contrapesos de la República.

Por otra parte, está el tema de la impunidad disfrazada de libertad de expresión. En un país en el que los ciudadanos están cansados de que los vivos se pasen de listos, la impunidad en cualquiera de sus versiones es un grave pecado. Elogiamos sociedades desarrolladas, como la de Suecia, pero de ellas queremos solamente sus derechos, mas no sus obligaciones, como la que tiene allí la prensa de responder por la vía judicial ante la calumnia, que se considera como un delito grave penado con cárcel.  Comencemos bien el año, proponiéndonos ser como los suecos, pero sin hacernos los suecos.

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