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Ciudadanía, el factor decisivo

victor-ferrigno

En las últimas semanas han corrido ríos de tinta y torrentes de voz en los medios de comunicación, analizando el duelo entre los impunes y los reformistas, por el control de la administración de justicia, en donde se ventilan los procesos en contra de los militares genocidas, los funcionarios venales y los evasores de impuestos, quienes son responsables de la muerte de miles de ciudadanos por falta de salud, alimentos y seguridad, al dejar al Estado sin recursos para combatir esos flagelos. En el grupo de los impunes se distinguen tres sectores: los militares genocidas, los políticos corruptos y los empresarios delincuentes; el bando de los reformistas está encabezado por el MP, la CICIG, el movimiento de Derechos Humanos y la cooperación internacional. Los primeros quieren impunidad, los segundos demandan justicia; el principal objetivo en esta contienda es el control de la institucionalidad, en la cual las reformas a la constitución juegan un papel de primer orden, pues versan sobre la administración de justicia. El teatro de operaciones es amplio, pues incluye acciones en Ginebra, Washington y Madrid.

Entre las principales campañas se cuenta el triunfo de los políticos corruptos, que lograron hacerse de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia; el logro de la Juntita Militar que obtuvo la presidencia del Congreso, y el periplo político-diplomático del CACIF-FUNDESA por los organismos de la ONU en Ginebra y por las instancias de poder en Washington, con magros resultados en el corto plazo, pero buscando convertirse en interlocutores válidos y permanentes. Según la prensa, la delegación de empresarios que viajó a Washington buscó reunirse con representantes conservadores del Partido Republicano, para demandar la salida del país de la CICIG y del embajador Robinson, restar apoyo al MP-SAT por la persecución fiscal, y abogar por una reglamentación del derecho de consulta a los pueblos indígenas, contenido en el Convenio 169 de la OIT, para minimizarlo y poder imponer sus megaproyectos sin oposición legal ciudadana.

Los reformistas respondieron con la persecución penal al hermano y al hijo del presidente Morales; el levantamiento del derecho de antejuicio al diputado Ovalle, cabeza de la Juntita Militar; y el proceso contra el partido oficial FCN, por ocultar información sobre sus contribuyentes; un fallo judicial que determinó que Ríos Montt será juzgado, aunque esté demente; y una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que determinó que el Estado debe resarcir a las víctimas del conflicto armado interno.

En Madrid, se anunció que Carlos Vielmann, el cancerbero del empresariado, será enjuiciado el próximo año, por crímenes de lesa humanidad, incluyendo la ejecución extrajudicial de tres fugados de prisión, vinculados al asesinato de tres diputados salvadoreños en la finca La Parga, propiedad del diputado Herbert Melgar Padilla, el principal asesor de seguridad de Jimmy Morales, investigado por espionaje ilegal. La lista de ofensivas y contraofensivas es larga y conocida, y refleja un enfrentamiento de grupos de la élite. En esta contienda, el factor decisivo será el papel que juegue la ciudadanía, por omisión o acción, como se demostró en 2015. Es la acción consciente de la ciudadanía la que debe determinar qué modelo de Estado debemos construir, y establecer las características de los órdenes político, económico, social y cultural. Ya es hora que nos apropiemos de nuestro futuro, lo cual implica ejercer nuestro principal derecho: el de libre determinación.

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