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Débil gobernabilidad, violencia y pobreza del Triángulo Norte

Triángulo norte
Por: Juan Roberto Garrido

Estados Unidos   En la mira del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América

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La Oficina en Wash i n g t o n p a r a Asuntos Latinoamericanos (The Washington Office on LatinAmerica, por sus siglas en inglés, también conocida como WOLA) en publicaciones recientes comparte que para el período fiscal 2016-2017, con el objeto de ayudar a los países del Triángulo Norte a atender los problemas de violencia, falta de oportunidades y débil gobernabilidad que impulsan la migración de la región, en relación con la cooperación para Centroamérica, el presupuesto de asistencia y cooperación de los Estados Unidos de América, incluye: Un aumento sustancial de los niveles de asistencia para la región.

La ley de asignaciones presupuestarias otorgó 750 millones de dólares en asistencia para Centroamérica, particularmente para ayudar a los países del Triángulo Norte a atender los altos niveles de violencia e inseguridad,  la débil gobernabilidad, y la falta de oportunidades económicas que impulsan la migración de la región. La asignación presupuestaria constituye un incremento importante a los 294 millones aprobados en 2015 La inclusión de una agenda más amplia, enfocada no solo en la seguridad sino también en la débil gobernabilidad y los problemas económico que enfrenta la región.

El 40 por ciento (299,4 millones) de la cooperación estará encaminada para programas de desarrollo, mientras que alrededor del 24 por ciento (183,5 millones) es asistencia económica y el 30 por ciento (222 millones) está destinado a iniciativas de seguridad. Los detalles de la cooperación y su implementación determinarán si la estrategia es eficaz y si realmente responde a las causas subyacentes que han hecho del Triángulo Norte una de las regiones más violentas del mundo. Condiciones claras en materia de planificación y coordinación que debe efectuar el Departamento de Estado previa asignación de los fondos. Según la ley, el Departamento de Estado debe presentar planes multianual es  detallados por país, con objetivos, indicadores y cronogramas claramente establecidos.

 Esta medida permitirá una mejor vigilancia de los fondos y permitirá evaluar si la asistencia está logrando los resultados deseados. El Congreso está resuelto en asegurar que la ayuda estadounidense contribuya realmente al fortalecimiento de las instituciones públicas, a mejorar la gobernabilidad y Débil gobernabilidad, violencia y pobreza del Triángulo Norte a bajar los niveles de violencia e inseguridad en Centroamérica. Los planes también deben establecer cómo la ayuda estadounidense difiere o complementa la asistencia de otros donantes u organismos multilaterales. Una serie de condiciones específicas para que los gobiernos centroamericanos puedan erogar los fondos como nunca antes dispuestas para la región. Conforme la ley, el 50 por ciento de los fondos para los gobiernos Centroamericanos no puede ser asignado hasta que el Departamento de Estado certifique que Honduras, El Salvador y Guatemala han adoptado medidas efectivas para: Establecer una entidad autónoma y pública para supervisar el plan de la Alianza para la Prosperidad.

Combatir la corrupción, incluyendo la investigación y persecución penal de funcionarios públicos sobre los que pesen acusaciones verificables de corrupción. Implementar reformas, políticas y programas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, incluyendo la capacidad e independencia de las fiscalías y los sistemas judiciales. Combatir las actividades de redes criminales, el narcotráfico y el crimen organizado. Investigar y procesar penalmente en sistemas civiles de justicia a miembros de las fuerzas militares y cuerpos policiales sobre quienes pesen acusaciones creíbles de violaciones a los derechos humanos, y asegurar que las fuerzas militares y policías están cooperando con los casos.

Garantizar la participación y consulta de la sociedad civil y de gobiernos locales. Cooperar con comisiones contra la impunidad e instancias regionales de derechos humanos. Apoyar programas para la reducción de la pobreza, creación de empleos y desarrollo económico equitativo en comunidades de donde provienen cantidades importantes de migrantes. Desarrollar e implementar planes para crear fuerzas policiales civiles, profesionales y responsables y limitar el papel de las fuerzas militares en actividades policiales. Proteger los derechos de partidos políticos de oposición, periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil. Incrementar reformas fiscales y fortalecer las agencias aduaneras.

Resolver disputas comerciales.

Esta es una lista significativa de prerrequisitos, la cual no solo refleja la postura del Congreso que la asistencia de Estados Unidos debería ayudar a los países centroamericanos a atender los factores que impulsan la migración irregular, sino también su convicción de que la asistencia estadounidense tendrá poco impacto si los gobiernos mismos no muestran un compromiso político claro y decisivo para fortalecer el Estado de derecho y combatir la corrupción y la pobreza.

Es muy importante que los actores que inciden en la política de Guatemala comprendan que para el 2017 la estrategia del Departamento de Estado, a partir del 20 de enero, sufrirá algunos cambios, cuando asuma el presidente electo de los Estados Unidos de América, pero que de fondo ya existe una ruta trazada para que los gobiernos de Centroamérica combatan la corrupción de forma decidida y fortalezcan sistemas judiciales que permita certeza en la aplicación de las leyes vigentes, sin olvidarnos que por el momento las fuerzas de PNC han sido incapaces de proporcionar la seguridad de los guatemaltecos y que el crimen organizado campea en el territorio nacional, y que mientras la PNC no este preparada, será el Ejercito el que tendrá que seguir apoyando la seguridad nacional y el control territorial.   

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