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Repudio por allanamiento ilegal

mireya-batun

La seguridad de nuestro país es una agenda pendiente de resolver. A diario escuchamos quejas de voz y vemos avisos en redes sociales donde advierten sobre lugares y nuevas formas de delitos, por lo tanto, se puede afirmar que la delincuencia crea una grave preocupación a la ciudadanía, por lo incontenible de su avance.

Constitucionalmente el Estado debe brindar seguridad a todos los habitantes, cumplir el compromiso de responder alos altos índices delincuenciales y frenar la inseguridad en que vive la ciudadanía. Es decir, tomar las acciones pertinentes para cumplir ese mandato, aunque muchas veces observamos falta de decisión por parte de las autoridades para hacerla efectiva. La delincuencia es un fenómeno social grave que se convierte en un animal de muchas cabezas. Sin políticas de prevención y condiciones sociales que con la impunidad imperante, los ciudadanos nos sentimos vulnerables porque cada vez los criminales son mucho más violentos.

Se debe exigir al gobierno central que exponga sus políticas para prevenir, perseguir y sancionar las acciones delictivas que nos aquejan a diario y, claro, a sus actores. No falta quien vea en este tema una pasividad cómplice del Gobierno central y algunos hasta una aquiescencia. Los altos índices delincuenciales no son una forma normal de vida en el país, por lo cual no debemos aceptarlos ni acostumbrarnos, salvo que la seguridad se ha convertido en un verdadero desafío para los distintos gobiernos que han desfilado por el Palacio Nacional de la Cultura. Solo nos queda seguir esperanzados en obtenerla en el futuro inmediato.

“La delincuencia es un fenómeno social grave que se convierte en un animal muchas cabezas.”

Sobre este tema y entre muchas noticias negativas que escuchamos a diario, recientemente vimos con preocupación que hombres armados ingresaron a la residencia de Haroldo Vásquez, juez del Tribunal de Sentencia de Amatitlán y presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad. Como cualquier otro hecho criminal es reprochable, porque implica que nadie parece estar seguro ni en su propia casa. Vemos que la condición de ser juez tampoco es garantía de nada. Entonces nos ponemos a pensar que en esta época de controles, si este acto realizado de día es un hecho común o tiene fondo político, en virtud que los delincuentes luego de revisar toda la residencia, únicamente se llevaron dos cosas: un televisor y un reproductor DVD, cuando existían varios objetos de mucho más valor.

Creo que no es necesario ser un investigador experto para deducir que la forma de dicho allanamiento ilegal es muy sospechosa, y más parece tener otro trasfondo, y que la verdadera intención es intimidarlo por su trabajo en defensa de la independencia judicial. Por lo tanto, repudiamos esta situación, esperamos se investigue, se esclarezca este acto delincuencial y que, por supuesto se lleve ante la justicia a los responsables, porque la seguridad de las personas es una forma natural y necesaria de convivencia. Nos solidarizamos con el juzgador y su familia.

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