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Alí Babá y los colegios profesionales

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La Constitución de la República proclama la libre asociación como un derecho, no como una obligación. Sin embargo, es obligatorio inscribirse en los ColegiosProfesionales, donde algunos de estos gremios se han convertido en feudos burocráticos aliados a intereses espurios, sin contribución real al país o a sus afiliados. Muchos profesionales empiezan a cuestionar la colegiación obligatoria, máxime, cuando estas instituciones padecen el mismo mal de la politiquería nacional: el rentismo; es decir, invertir en elecciones para obtener ganancias. Con el tiempo los colegios profesionales fueron afectados por la descomposición política. Atraídos por la cantidad de dinero que administran y que la Contraloría General de Cuentas no es capaz de controlar y motivados por las comisiones de postulación a cargos públicos, donde se cocinan negocios y plazas, los colegios son una especie de presas de captura.

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 Justamente el Colegio deAbogados ha sido parte de la corrupción estructural que nos afecta. Quizá a eso se deba que, como premio, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala reciba un inexplicable aporte del presupuesto general de gastos de la nación de Q7 millones 755 mil quetzales, adicional a los timbres y cuotas. Una asignación insólita, que bien podría servir para cambiar los ascensores del Hospital General. Peor con corrupción. Catorce expresidentes del Colegio denunciaron ante el Ministerio Público la compra sobrevalorada en Q23 millones de quetzales de un inmueble cuyo valor real es de Q8 millones. Otros colegios sufren la misma descomposición.

“Con el tiempo los colegios profesionales fueron afectados por la descomposición políticas.”

Según un reportaje de Silvia Gereda en los fondos del Colegio de Arquitectos hay un faltante de Q14 millones de quetzales. En el Colegio de Ingeniería y en el Colegio de Humanidades las juntas directivas utilizan los métodos clientelares utilizados en la política nacional para ganar votos; es decir, acarreo de votantes, parrandas, edecanes y bebidas embriagantes.

 Dice el jurista Gabriel Orellana: “todos, o casi todos, los colegios profesionales se financian a la presente fecha no solo con las cuotas de sus miembros sino también con un tributo (carga impositiva establecida por una ley) cuyo cobro se efectúa por medio del timbre profesional correspondiente. Esto último ha transformado a los colegios profesionales -y a algunos más que a otros, obviamente- en fuente importante de recursos monetarios,apetecibles clientes para los bancos del sistema y en importante y lucrativo botín”. No queda más, por ahora, que exigir a la Contraloria General de Cuentas investigar la corrupción en los colegios profesionales. Además, las constancias de titulación profesional podrían ser extendidas por las universidades o por la Contraloría, no necesariamente por los Colegios, requisito que por lo general hay que cumplir para demostrar la calidad académica. En el caso de los periodistas y comunicadores es más perjudicial la obligatoriedad : tener que afiliarse al Colegio de Humanidades no les brinda ningún sentido de pertenencia.

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