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La jurisdicción indígena

luis-linares

Mencionamos en la columna anterior el papel que jugaron las autoridades indígenas tradicionales como engranajes de la cadena de reclutamiento forzoso de trabajadores indígenas  y, en general del sistema, de  explotación implantado por la oligarquía liberal. Esto tiene antecedentes muy lejanos. Desde los primeros años del dominio español fue evidente que los funcionarios civiles y militares no podrían ejercer un control efectivo sobre la población indígena, por lo que recurrieron a la antigua nobleza nativa, a quienes se les entregó el control de los cabildos de los pueblos de indios, devolviéndoles algunos privilegios a cambio de que fueran los intermediarios para facilitar la explotación de la mano de obra indígena y el cobro de los tributos. Los alcaldes y justicias, calpules y principales, junto con sus familiares, estaban exonerados del trabajo forzoso del repartimiento, excluyendo frecuentemente a sus parientes y compadres, lo que redundaba en un mayor recargo para los indígenas comunes o maceguales.

En caso de faltas, al igual que los españoles  ricos, pagaban multas y no eran azotados, como sucedía a los indígenas, mestizos y españoles pobres. El arzobispo Pedro Cortés y Larraz, en la extraordinaria descripción de la realidad guatemalteca del último tercio del siglo XVIII -un auténtico informe de desarrollo humano- utiliza duros términos para describir el papel de los calpules: perdición y peste de los pueblos, que por sí y por medio de los alcaldes lo enredan todo y mandan despóticamente a los indios maceguales, puntualizando -con respecto al repartimiento de hilazas, una de las formas utilizadas por los corregidores para amasar fortuna a costa del trabajo de las mujeres indígenas -que tenían influjo e interés en dicho repartimiento y que aún lo pedían. Lo anterior no significa que  se ignoren las numerosas acciones de resistencia que la aristocracia indígena impulsó a lo largo del período colonial, asumiendo en muchas ocasiones la defensa de sus pueblos, y recibiendo por ello duras represalias. También destacan los denodados esfuerzos, desafortunadamente infructuosos, para evitar el despojo de las tierras comunales por la reforma agraria liberal, de la que surgió el latifundio cafetalero. Lo anterior permite concluir que a las autoridades tradicionales indígenas no se les puede extender un cheque un blanco, como se pretende con la propuesta de reforma constitucional.

“Los funcionarios civiles y militares no podrían ejercer un control efectivo sobre la población indígena.”

No se trata de ángeles -que están por encima de bien y del mal -como tampoco de demonios-. Simplemente, ahora como antes, y como toda persona investida de poder, actuarán al servicio de la sociedad si están sometidas a controles y tienen un poder limitado, mejor si con legitimidad democrática. En caso contrario, se cumplirá también en ellos -¿por qué no habría de pasar?- aquella máxima de que el poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. La televisión y las redes sociales difundieron el bárbaro espectáculo de unos policías azotados porque los encontraron ebrios. La Corte de Constitucionalidad,  al conocer un caso de azotes, indico que debía comprenderse en el contexto de la cosmovisión indígena.

El descendiente de algún finquero podría pedir que, en atención a la cosmovisión señorial se le permita restablecer el cepo, utilizado hasta mediados del siglo XX para disciplinar a los trabajadores. Creo que por este tema de la llamada justicia indígena, si se realiza la consulta para reformar la Constitución, la propuesta será rechazada. Pero si llegara a prosperar, entraremos en un caos jurídico del que será muy difícil salir. Las autoridades ancestrales brotarán como hongos, aplicando normas que en cada caso se sacarán de la manga. Uno de los principales argumentos esgrimidos para promover la jurisdicción indígena es que se trata de una realidad, de algo que sucede desde hace muchos años. Es cierto que el derecho tiene que partir de la realidad, pero esto no puede ser siempre ni de manera absoluta. Hay tantos  casos de prácticas indeseables, que no por extendidas e incluso aceptadas socialmente, estamos obligados a aceptar. Como la corrupción y el maridaje entre política y negocios, que son inmemoriales. El poder político, casi siempre, ha estado al servicio del poder económico, en perjuicio de la mayoría. Se trata de una realidad, pero ¿debemos someternos a ella ?.

Lea aquí:

La jurisdicción indígena (1)

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