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Consulta popular por Belice

gabriel-orellana

La República de Guatemala y el Estado de Belice suscribieron el 8 de diciembre de 2008, en Washington D.C., el “Acuerdo Especial para Someter el Reclamo Territorial, Insular y Marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia”, complementado luego conel “Protocolo al Acuerdo Especial entre Guatemala y Belice para Someter el Reclamo Territorial, Insular y Marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia”, firmado enla Ciudad de Guatemala el 25 de mayo de 2015. Al tenor de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados -de la cual son parte ambos Estados- el uno y el otro conforman un tratado internacional que las obliga a cumplirlo de buena fe y sin que puedan invocar normas de su derecho interno para sustraerse al compromiso así adquirido.

 En tal virtud el Congreso de la República de Guatemala emitió el Decreto 47-2016, que autoriza realizar en Guatemala la consulta popular así pactada a nivel internacional. Desde la perspectiva del derecho guatemalteco importarecordar que el artículo 19 de las Disposiciones transitoriasy finales de la Constitución Política de la República de Guatemala regula una asignatura pendiente, cual es“resolver la situación de los derechos  de Guatemala, respecto a Belice, de conformidad con los intereses nacionales  y que para este mismo propósito exige que: “Todo acuerdo definitivodeberáser sometido por el Congres  de la República al procedimiento de consulta popular previsto en el artículo 173 de la Constitución.”Huelgadecir que el artículo transitorio recién  citado tiene la categoría de “norma especial” contrastada con el 173. Dicho con otras palabras, la consulta popular referida al tema de Belice tiene una normativa constitucional específica, que la distingue de cualquiera otra que se pueda convocar en el futuro al amparo de esta última norma. La consulta popular referida al tema de Belice se asienta sobre dos pilares: (i) uno de carácterconstitucional, que exige la realización de una consulta popular como único procedimiento admisible; y (ii) otro, sustentado en un tratado internacional, cuyas implicaciones internas se reconocen por el artículo constitucional 149.

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