Home > Columnas > Contra la triple alianza
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Durante los últimos meses, se ha reabierto el debate nacional sobre la reforma de nuestra Carta Magna, teniendo como objetivo transformar el Sistema de Justicia. Hoy, como en 1999, el tema de la jurisdicción indígena ha generado enconados debates, signados por la intolerancia hacia los Pueblos originarios.

Como hace tres lustros, el CACIF, sus organizaciones satélites y sus medios de comunicación, encabezaron el conservadurismo racista que pervierte a nuestra sociedad, oprimida por una elite intolerante y prepotente. En esta oportunidad, coincidieron con los militares genocidas y los políticos corruptos, que defienden el antejuicio como un escudo para preservar su impunidad. Así salió a flote la triple alianza entre racistas, impunes y corruptos, que impide la construcción de un Estado democrático y plurinacional de derecho, por lo que nuestras instituciones seguirán vacías de contenido democrático y huérfanas de legitimidad.

Su influencia en el Congreso ahogó la propuesta de reforma constitucional, difiriendo su discusión para un futuro incierto. Considerando que hace apenas 20 años que se alcanzó la Paz, toda reforma a la Constitución debe perseguir su legitimación, mediante un serio y profundo proceso de participación ciudadana, que vaya más allá de los dictámenes técnicos y la votación parlamentaria, a fin de que tengamos una Carta Magna que norme un auténtico Estado de derecho, plurinacional y democrático. Sin obviar las necesarias transformaciones al Sistema de Justicia, una auténtica reforma del Estado implica su democratización, tal como lo demandó la ciudadanía en 2015, cuando hizo del Parque Central el ágora contemporánea de los guatemaltecos.

La crisis del actual modelo de Estado, y del sistema en su conjunto, tiene que ver con el aislamiento, la separación de los poderes públicos respecto de la sociedad real; la caducidad de nuestras instituciones se expresa en su incapacidad para responder a las legítimas aspiraciones y demandas de la población. Por ello, no podrá haber reforma institucional sin legitimación social. Hoy día, justicia y democracia deben ir de la mano; una democracia real, una cultura y prácticas democráticas efectivas, como la justicia, no pueden prosperar en un contexto de miseria, discriminación, autoritarismo y exclusión.

Por ello, la reforma constitucional deberá realizarse en función social, o no será. La refundación estatal es una demanda civilizatoria, que exige establecer un diálogo intercultural, haciendo partícipes a universos culturales diversos que se mueven en distintos planos de tiempo y espacio, para alcanzar la unidad de acción de voluntades políticas disímiles, formadas históricamente en el choque cultural, sin dialogar ni reconocer al diferente. Se trata, pues, de fundar y desarrollar una nueva cultura política, dialógica, tolerante y complementaria.

Para los pueblos indígenas, tal refundación entraña, además, reivindicar sus formas ancestrales de organización, de autogobierno, de administración de la Justicia y del territorio. Requerimos de un constitucionalismo liberador construido desde abajo, con protagonismo de los excluidos y sus aliados, procurando expandir el ámbito político más allá del liberalismo, para crear una nueva institucionalidad: la plurinacionalidad. También implica adoptar la democracia intercultural como nuevo régimen político, y establecer una nueva legalidad: el pluralismo jurídico. De esta manera, el país plurinacional que somos, se vería reflejado en la Carta Magna, subsanando la ruptura histórica en la ley y la realidad.

 

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