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Motivado por la celebración del Día del Periodista, Rolando Antonio Castillo López escribió una interesante columna (Libre Expresión, Diario de Centro América, 29.11.16), de la que entresacó algunos temas que, por ser de mi particular interés deseo comentar. Afirma que: No a la censura“En el tema de periodista en Guatemala hace falta mucho por hacer, desde la reforma constitucional al artículo 35, que viene desde 1965, totalmente obsoleta; insistir en un código de ética en el quehacer periodístico y en la aplicación de los valores humanos, el  juzgamiento individual de la moral social y, por supuesto, el programa de protección, que debería ser el último de todos los cambios para una buena labor periodística en el país”´.

Para ejecutar el código moral y su reglamento de trabajo, que tenga sanciones y multas para el mal ejercicio de la protección” propone establecer un “colegio de profesionales”. El artículo 35 constitucional -por mandato de la misma Constitución- se debe complementar con la Convención Americana sobreDerechos Humanos y con cualesquiera otros Tratados y convenciones que en materia de Derechos Humanos haya aceptado y ratificado nuestro país. Más aún, a semejante normativa se agrega la jurisprudencia que sobre el tema vaya produciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“El código de ética y moral para el ejercicio profesional del periodista son temas que ameritan un cuidadoso examen.”

En mi opinión no es el precepto constitucional sino la Ley de Emisión de Pensamiento,copia fiel de la ley promulgada como complemento de la Constitución promulgada en 1956, la que amerita una profunda y drástica reforma a causa de su vetustez y consiguiente obsolescencia. El código de ética y moral para el ejercicio profesional del periodista son temas que ameritan un cuidadoso examen por cuanto que, tanto en nuestro derecho constitucional como en el derecho internacional de los derechos humanos, se proscribe la censura previa, cualquiera que sea la forma en que se pretenda ejercer. Más conviene, a mi juicio, considerar la regulación de una responsabilidad civil que -dé paso-descarte las figuras delictivas fundamentadas en el quehacer periodístico.

Veo en la colegiación profesional de periodista un medio indirecto para coartarle a cualquier persona el ejercicio de  un derecho humano universalmente reconocido y para quienes han hecho su profesión del periodismo, un medio de ejercer la previa censura. Interesante resulta recordar en este punto el criterio vertido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985 referida a la Colegiación Obligatoria de Periodistas, solicitada por el Gobierno de Costa Rica. Y en línea con lo anterior, veo con preocupación -cauda de la antigüedad de nuestra Ley de Emisión del Pensamiento-  que en la integración de los jurados de imprenta todavía participe, por mandato legal, la Asociación de Periodistas de Guatemala. La protección gremial de  los periodistas, me parece, corresponde a un ámbito distinto del artículo 35 constitucional; hacerlo en la forma propuesta conlleva el riesgo de crear un monopolio que perjudicará a todos los interesados en expresarse libremente sin hacer del periodismo su actividad habitual.

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