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Guatemala necesita un punto y aparte

editorial

Obligado es, como en cualquier trayecto, tomar una pausa y reflexionar sobre el camino recorrido y el que aún queda por delante. Ello permite orientar mejor los pasos a tomar para un mejor futuro. Como medio de comunicación y la responsabilidad social que ello conlleva, Siglo 21 hace esa pausa. Guatemala viene desde abril de 2015 atravesando una serie de acontecimientos que, en principio, deberían de estar transformando nuestro país en un mejor lugar para la inversión y la generación de empleo. Pero algo pasa que no está funcionando bien. La economía se está paralizando y las proyecciones de desempeño económico para 2017 no son nada halagadoras.

En la última evaluación de la calificadora de riesgo-país Standard & Poor´s (S&P), confirmó el pasado 27 de octubre la calificación de riesgo crediticio para Guatemala en BB para moneda extranjera y BB+ para moneda nacional, pero redujo la perspectiva de estable a NEGATIVA. Lo anterior se traduce a que si durante los próximos 12 meses a partir de esta última evaluación, el país no se ocupa de las medidas en las áreas críticas de atención que resalta S&P (baja carga tributaria, bajo nivel de inversión pública, altos niveles de pobreza, debilidad institucional y falta de consenso político sobre reformas estructurales), a Guatemala se le bajará la calificación riesgo-país y oficialmente seremos un país menos atractivo para la inversión nacional y extranjera, impactando negativamente el crecimiento económico y promoviendo aún más desempleo.

Se supone que esta cruzada contra la corrupción que se inició en 2015 estaría dando al país un mejor rumbo, pero como se puede apreciar en la evaluación de las calificadoras de riesgo-país, ni siquiera se le atribuye mérito alguno por la sencilla razón que las calificadoras evalúan cifras concretas y percepciones de los agentes económicos reales. En otras palabras, llama la atención que, si Guatemala está inmersa en una lucha sin precedentes en contra de la corrupción desde hace más de un año, algo positivo debe resaltarse en las calificaciones que hacen los agentes económicos y las evaluaciones que nos hacen del exterior. Pero algo no está caminando bien.20161130-i-guille

Esta estrategia dosificada en contra de la corrupción está generando, contradictoriamente a su objetivo final, una pérdida de confianza masiva en el sistema y una sicosis colectiva que tiene paralizados a los agentes económicos y a los funcionarios públicos. Incluso hay voces que afirman que esta “lucha contra la corrupción” realmente es una medida encubierta para un reacomodo del poder real en Guatemala, por eso la conveniencia de extender esta sicosis colectiva indefinidamente. La evaluación compartida por varios analistas coincide en que este combate a la corrupción en la medida que siga siendo SELECTIVA, DOSIFICADA, VIOLENTANDO PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y PENALES, HACIENDO CASO OMISO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA, MEDIATIZADA EN EXTREMO, Y HACINANDO LAS CARCELES ABUSANDO DE LA PRIVACION DE LIBERTAD COMO MEDIDA CAUTELAR (cuando en otros países es la última en adoptarse, acá es la primera, condenando anticipadamente y abarrotando el ya colapsado sistema penitenciario), la “lucha contra la corrupción” contradictoriamente seguirá profundizando la crisis económica y el desempleo.

La inversión local está congelada y la inversión extranjera ni se asoma por la falta de certeza jurídica que ya vendimos en el exterior. Guatemala necesita un punto y aparte. Como sociedad tenemos que darle respuesta a las decenas de miles de jóvenes que anualmente salen al mercado laboral. El primer empleo, es decir aquel dirigido a los jóvenes entre 15 y 24 años de edad, debe priorizarse en las políticas públicas a manera que nuestra juventud se conduzca en el trayecto productivo, y no en la ruta de la delincuencia y del crimen organizado que ya tienen secuestrado al país. Esta es una responsabilidad ineludible que tenemos que enfrentar, de lo contrario, no nos quejemos mañana de no haber actuado a la altura de lo que las circunstancias lo están demandando HOY. Siglo 21 propone un cambio de estrategia en el combate a la corrupción, un tema permanente de debate público que ha estado presente en toda nuestra historia republicana.

Es decir, focalizar el sistema en corregir un largo pasado, no pareciera ser el mejor camino, porque se sabe dónde empieza, pero no dónde termina. Quizá poniendo un punto y aparte y empezar a partir de HOY, sería más efectivo. Cabe aclarar que lo anterior no significa seguir perpetuando un mal que ha convivido con nosotros desde siempre, más bien buscar una estrategia eficaz con el objetivo de combatir la corrupción y, por otro lado, que no genere más males que los que se quieren corregir. La corrupción en el sector público en Guatemala aún continúa y con toda razón la población sigue más que inconforme.

¿De qué ha servido todo este monumental operativo y despliegue mediático contra centenas de personas que han sido privadas de libertad si las cosas no cambian? No es hacinar las cárceles el camino, sino cambiar el sistema. Varias consideraciones al respecto. La corrupción es, también, una degradación de los valores en el proceso de formación de las personas. Si en la juventud se observa como “normales” y “fáciles” conductas abusivas y corruptas, pues la probabilidad que este ciudadano cuando se incorpore en la vida productiva replique estos malos ejemplos es alto, no importa si es en el ámbito privado o público.

Este es un llamado, por lo tanto, a los padres de familia, al sistema educativo y a las Iglesias a censurar contundentemente las prácticas corruptas en el trabajo.Ya en el ámbito del sector público, la otra consideración que Siglo 21 pone sobre la mesa, es la necesidad de fortalecer los pesos y contrapesos, condición fundamental de una República. Un sistema de pesos y contrapesos que vigile y audite todos los movimientos de las instituciones y funcionarios públicos. Es más, los contrapesos no necesariamente tienen que ser formales e institucionales; pueden ser igual de efectivos los contrapesos de vigilancia como la auditoría social y de prensa, claro está, siempre y cuando se garantice el acceso a la información y que esté acompañada de una cultura de denuncia segura y responsable por parte de la ciudadanía.

La tercera y última consideración es la siguiente: Corruptos y corruptores habrá siempre. PERO, quien tiene las llaves de la puerta de la corrupción es el que finalmente dice sí o no a un acto contrario a la ley, es decir, el poder público depositado en un funcionario. Es el poder público el que abre paso a la corrupción, por eso la gigantesca importancia de la calidad ética de un funcionario público. El poder público es absoluto, y si el funcionario quiere abusar de él, lo puede hacer. El funcionario público –de cualquier nivel, desde el Presidente de la República, hasta el funcionario que controla la cola de expedientes en una institución- tiene la misma capacidad de abusar del poder público, lo que nos lleva a que quizá la reforma política más importante que podríamos promover HOY es procurar una mejor calidad de funcionario  público, que le tema a Dios y la Ley. El ex Presidente Juan José Arévalo muy claro lo decía: “La decencia es el más alto título para ocupar un cargo público”.

En este 30 de noviembre de 2016, Día del Periodista, Siglo 21 propone este reencause de rumbo, por una Guatemala más próspera, más segura y más estable. No hay alternativa, Guatemala necesita un punto y aparte.

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