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De las reformas a la constitución

Mucho se habla hoy día sobre el proceso de reformas constitucionales que se discute en el Congreso de la República. Opinan todos. Los que conocen mucho, los que conocen poco y los que conocen nada. Los medios le están dando amplios espacios a los acontecimientos en el Congreso, con debates sobre si el actuar de los diputados es el correcto o no, o bien si la iniciativa es legítima o no. Lástima grande, eso no sucedió cuando la iniciativa original recorrió el país con discusiones regionales que dieron lugar a la propuesta que finalmente recibió el Congreso.

Allí estaba el debate real, la discusión de lo que los pobladores querían y finalmente se comprimió ese sentir colectivo en una iniciativa que fue llevada al Congreso nada más y nada menos que por los 3 presidentes del Estado y refrendada por 48 diputados. Quienes reclamen ilegitimidad del conjunto de reformas, seguro no saben lo que significa este concepto. Y quienes aleguen ilegalidad, seguro no han leído la Constitución.

En una radio escuchaba a un abogado asegurar que las reformas eran ilegales, porque las había enviado la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Nada más falso. La realidad es que la CICIG, respaldada por su acuerdo de creación que le permite apoyar en la discusión y mejora del sistema de justicia del país, ha acompañado y apoyado el proceso. Pero la legitimidad se la han dado las mesas de discusión  en la que participaron representantes de muchas entidades locales de las distintas regiones del país. Y la legalidad se la otorgan los 48 diputados que presentaron formalmente la iniciativa ante el Congreso de la República (la Constitución dice que mínimo deben ser 10 diputados).

En fin. No hay lugar a equivocaciones. Aquí es la parte más conservadora del país y todos los que se ven favorecidos por el sistema corrupto que impera en esta nación, quienes, a toda costa, intentan evitar que se hagan cambios de fondo que terminarán con sus malas prácticas y podrían significar un avance real para hacer de Guatemala una gran nación. La discusión inicial en el Congreso y ese voto desfavorable a reformas como la del antejuicio no hacen más que evidenciar lo que digo. Solo alguien que teme ser afectado por una ley, puede votar en contra de que se apruebe.

Los honrados, los justos y los transparentes, no tienen el porqué temer, pues el que nada debe, nada teme. Revisemos la lista de los traidores al bien común y fieles a sus beneficios y malas prácticas, para no volver a votar por ellos. Los diputados que se resisten a los cambios de fondo, por supuesto que tienen derecho a hacerlo, pero con ello solo respaldan el mantenimiento de un sistema que ya ha demostrado sercaduco e inoperante para el bien común.Si de verdad queremos cambiar a Guatemala, para bien, tenemos que caminar en la senda de reformas que le den vuelta a este sistema insano, impuro, corrupto y dañino para la mayoría de los guatemaltecos. Solo así vamos a cumplir con el artículo primero de la Constitución: “Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”.

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